La iniciativa es impulsada por diputados del PRO, en medio de la situación que atraviesa Rosario y los problemas de seguridad que existen en el AMBA
En la pandemia se autorizó el uso de dispositivos móviles como medida excepcional con el objetivo de que los privados de su libertad continuaran teniendo contacto con sus familiares en cárceles de diferentes distritos.
Este protocolo comenzó con una autorización de la Justicia desde el Tribunal de Casación Penal para los penales bonaerenses, que fue remitido a todas las unidades penitenciarias y luego adhirieron la mayoría de las provincias.
En un principio, ese protocolo circunscribía su utilización a las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares, y se estableció un Registro de celulares para identificar fehacientemente a cada usuario y se delimitaban los ámbitos habilitados para el uso de telefonía celular, a la vez que se prohibía el acceso a redes sociales.
Si bien la principal condición que se manifestó en ese momento fue que los celulares sólo se utilicen para comunicarse con los familiares y que no tengan memorias extraíbles, en la práctica no se realizó ningún control para asegurarse que efectivamente los presos cumplieran con esa norma.
En qué consiste el proyecto presentado por diputados del PRO
Frente a esta situación, un grupo de diputados del PRO, encabezados por el mendocino, Alvaro Martínez, presentó un proyecto para «tipificar como un nuevo delito la tenencia de dispositivos móviles por parte de los presos en el Código Penal».
«Sabemos que más allá de que existan sanciones se trata de sanciones administrativas como la pérdida de beneficios o salidas. Lo que hacemos al tipificarlo es que cambia la pena y lo que incluimos es una pena para aquel que introduce el aparato celular», aseguró el diputado del PRO a iProfesional.
De acuerdo al proyecto «tanto el ingreso como la utilización de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios, atento a la escalada del narcotráfico reflejado diariamente en los actuales acontecimientos públicos, es sin duda uno de los problemas más graves y complejos del sistema federal penitenciario, especialmente por las consecuencias que dicha utilización ha generado».
Según el texto, los celulares «se utilizan invariablemente como guía eficaz y coordinación de prácticas ilícitas por parte de organizaciones criminales que operan dentro y fuera de las prisiones, estos dispositivos adquirieron, a lo largo de los años, estatus de armas poderosas en manos de los criminales».
Desestabilización de sistema penitenciario
«Por lo tanto, se han convertido en una razón para codicia de grupos de presos peligrosos y utilizados en movimientos que llevan a la desestabilización del sistema penitenciario«, indicó.
Para los diputados, los celulares se utilizan desde las cárceles para realizar extorsiones, amenazas, actividades delictivas guiadas desde los establecimientos penitenciarios, amenazas a miembros del poder judicial, del Ministerio Público y a testigos o bien para estafas virtuales.
«Es necesario establecer medidas que permitan prohibir la tenencia y uso de celulares en los establecimientos penitenciarios. La modificación del Código Penal argentino permitirá incluir los celulares como elementos prohibidos en los establecimientos penitenciarios», aseguran los diputados.
Penas
El proyecto establece que será reprimido con prisión de 1 a 3 años el que introdujera o hiciere introducir en el establecimiento penitenciario o lugar donde se encuentre alojado algún detenido o internado, dispositivos de comunicación móvil o celulares, partes de ellos, chips telefónicos u objetos no autorizados tecnológicos que permitan comunicación con el exterior o cualquier otro elemento que ponga en peligro la seguridad de terceros, los detenidos, internados y del personal».
Si fuera un abogado, procurador, empleado o funcionario público, miembros de las fuerzas policiales, de seguridad, armadas o penitenciarias, la pena será de 1 a 4 años, además y se aplicará inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para el ejercicio de la profesión y del cargo u oficio.
Además, para el caso de los internos, serán sancionados con una pena de prisión de 2 a 5 años, y además la prohibición del ingreso al régimen de libertad asistida.
¿ Cómo ingresan los celulares a la cárceles?
En la mayoría de los casos, la comunicación con las personas del exterior se lleva a cabo a través de dispositivos de telefonía celular, ya sea de uso individual como también compartido entre los detenidos.
Ese uso compartido de teléfonos celulares dentro de una unidad penitenciaria representa un problema adicional en el proceso de recopilación de información y producción de prueba, por cuanto hace más difícil identificar al usuario real de las comunicaciones.
Según los investigadores judiciales, sin un acuerdo de los penitenciarios con los presos es imposible el ingreso de celulares. Por eso, establecer penas para quiénes faciliten su ingreso es una de las medidas para evitar que se cometan delitos desde las diferentes unidades carcelarias.
Fuente: iprofesional
