El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa en la que se investiga a la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbo por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración.
La sospecha de la Justicia es que la licitación que terminó con la adquisición del edificio de la calle Perón 667 -donde funciona una de las cuatro sedes de la Procuración- estuvo digitada para beneficiar a los que iban a cobrar la comisión. Por el edificio se pagaron 44 millones de pesos.
Gils Carbó había sido procesada en 2017 por Ercolini por el delito de administración fraudulenta contra el Estado y días después de ese fallo judicial, presentó su renuncia al cargo. Un año más tarde, la Cámara Federal confirmó el procesamiento, pero sostuvo que el delito reprochable a la exprocuradora era más leve: “negociaciones incompatibles” con su cargo (tiene una pena prevista de uno a seis años de prisión).
Ese fallo lo firmaron los jueces Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, que consideraron acreditado que la licitación había sido direccionada. La comisión de alrededor de 6 millones de pesos que habían cobrado el hermano de Guillermo Bellingi (exsubdirector de Administración de la Procuración) y la inmobiliaria por la operación superaba el porcentaje habitual del 6 por ciento y equivalía al 14 por ciento.
Sobre esa comisión, los camaristas habían dicho: “Está muy lejos de los 6 o 7 que, como mucho, se suele pactar en los convenios inmobiliarios habituales”. Sin embargo, Llorens y Bruglia entendieron que no se había producido un perjuicio al Estado a través de la operación de compra. “Aunque Bellingi procuró que así fuese, lo cierto es que esa comisión no fue abonada por las arcas públicas sino por el mismo particular”, dijeron los camaristas.
El caso fue elevado a juicio ahora, después de varios planteos recusatorios contra el juez Ercolini que fueron rechazados por la Cámara Federal. El último fue rechazado ayer por el juez Pablo Bertuzzi. Gils Carbó sostuvo en su presentación que Ercolini fue presionado por el entonces gobierno de Mauricio Macri para avanzar en ese expediente judicial. La Cámara Federal rechazó ese argumento.
También fueron enviados a juicio oral Guillermo Bellingi, exsubdirector de Administración de la Procuración, su hermano Juan Carlos Thill, la dueña de la inmobiliaria a cargo de la operación, Bárbara Jaureguiberry, y Adrián González Fischer, dueño de la firma Arfinsa, que vendió el edificio.
En simultáneo, la exprocuradora hoy debe declarar como testigo frente al fiscal Franco Picardi y la jueza María Eugenia Capuchetti en el marco de la causa conocida como “Mesa judicial M”, donde se investigan las presuntas presiones de parte de exfuncionarios del macrismo a jueces y funcionarios judiciales. Ella ya declaró en medios de comunicación que fue presionada por el parlamentario del Mercosur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para dejar su cargo.
Fuente: La Nación
