Repasamos algunos de los aspectos salientes del proyecto que tuvo media sanción en el Senado y que se trataría en la Cámara de Diputados en los próximos días. La reducción de los votos requeridos para la designación del Procurador o Procuradora y la duración temporal de 5 años para su mandato son algunas de las reformas propuestas.
Luego de la media sanción obtenida en el Senado el 27 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados buscará tratar el proyecto que modifica las mayorías requeridas para la designación del Procurador o la Procuradora General de la Nación y que ponen un límite temporal de cinco años a su mandato.
El proyecto en cuestión viene a modificar varios artículos de las leyes N°27.148 y N°27.149, normas orgánicas que regulan las funciones del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de la Nación respectivamente.
Entre las principales reformas propuestas, el proyecto modifica las mayorías requeridas en el Senado para prestar acuerdo a la designación del Procurador o Procuradora General y del Defensor o Defensora General de la Nación y reforma el procedimiento para su remoción, que en la actual regulación se remite al proceso de juicio político establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
En lo atinente a la mayoría requerida, el proyecto pretende que se pase de una mayoría calificada de dos tercios de los Senadores y Senadoras requerida por la actual legislación, a una mayoría simple de votos.
Respecto al procedimiento para la destitución, se habilita el inicio del trámite por parte de la Cámara de Diputados a pedido del titular del Poder Ejecutivo Nacional o por pedido de cualquier Diputado o Diputada, con el requisito de una mayoría absoluta para iniciar el procedimiento de acusación. Lo principal que se reforma en este aspecto son las mayorías requeridas para iniciar este procedimiento, ya que el artículo 53 de la Constitución Nacional al que refiere la actual ley 27.148, impone la necesaria reunión de dos tercios de los votos del total de los miembros presentes de la Cámara.
Asimismo, el proyecto busca limitar la duración de la función del/de la titular de la Procuración y la Defensoría General a un plazo de cinco años -con posibilidad de ser reelegido/a en forma consecutiva por un único período- y se establece que su postulación y designación no puede ser hecha en año de elecciones presidenciales.
En esa línea, el proyecto establece que en caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del Procurador o Procuradora o del Defensor o Defensora, se debe realizar un sorteo obligatorio entre funcionarios/as del Ministerio Público Fiscal o de la Defensa para ocupar su lugar. También se reduce de cinco a dos años el plazo para requerir nuevo acuerdo para aquellos/as magistrado/as que alcancen los 75 años de edad y deseen continuar en funciones.
Otro aspecto que se encuentra propuesto en el proyecto y que es objeto de debate es la modificación de la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, órgano encargado de la remoción de magistrados/as del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Según figura en el proyecto aprobado en Senadores, se les quitaría un lugar a un representante del Ministerio Público y a un representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados para que les sea otorgado a dos representantes de las dos principales fuerzas políticas del Senado.
Por otra parte, el proyecto crea la Procuraduría Especializada contra las violencias de Género y establece la Perspectiva de Género como principios funcionales y específicos sobre los cuales se tienen que regir el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa.
Debe recordarse que la Procuración General se encuentra ocupada de forma interina por Eduardo Casal, luego de la renuncia de la Procuradora Alejandra Gils Carbó en diciembre de 2017. Uno de los principales candidatos a ocupar el lugar de Procurador General es Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal en lo Criminal N°3 de la Capital Federal, quien en su momento fue fuertemente apoyado por el Presidente Alberto Fernández para ser quien ocupase el lugar.
Sin embargo, en su cuenta de Instagram el magistrado sostuvo que no accedería a ocupar ese lugar en caso de que se modifiquen las mayorías requeridas para su designación, ya que ello importaría “un límite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación”.
Fuente: Palabras de Derecho
