La nueva fecha donde las partes serán citadas en el tribunal y deberán procurar un acuerdo sobre la manera de liquidar el dinero, será el próximo 19 de junio.
La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, finalmente falló en contra del reclamo del país de trasladar a Buenos Aires el juicio por la manera en que se reestatizó YPF en 2012. En tanto, Preska continuará tratando temas relevantes de la agenda judicial del país en el exterior. Pero la decisión de Preska es un fuerte golpe para la economía Argentina ya que complicaría las negociaciones con acreedores, al peligrar el pago de las liquidaciones en EEUU.
La nueva fecha donde las partes serán citadas en el tribunal y donde deberán procurar un acuerdo sobre la manera de liquidar el dinero, será el próximo 19 de junio, según dictaminó Preska. Cabe recordar que en octubre de 2016 la magistrada ya había fallado a favor de los demandantes; sentencia que quedó firme en las dos apelaciones que en su momento hizo el gobierno de Mauricio Macri.
Así, habrá avances en los litigios que tiene la Argentina por haber manipulado el INDEC y, por ende, no pagar los cupones atados al crecimiento. Los acreedores fueron a la justicia estadounidense para denunciar que en el 2013 el país se ahorró más de 1.000 millones de dólares por haber adulterado la medición del PBI.
En tanto, se descarta que Argentina rechazará liquidar el dinero que se reclama y que se reservará el derecho de apelar ante la Cámara de Nueva York o, incluso, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ninguna de estas instancias le garantizan al país triunfar en la causa; pero le darán un tiempo imprescindible para rearmar la estrategia judicial y quizá hasta dos años hasta llegar a diagramar un cronograma de pagos.
Lo importante de una complicación judicial de este tipo, es que si Preska siguiera la jurisprudencia que en su momento mantuvo su antecesor Thomas Griesa; le podría prohibir el pago en Wall Street de las liquidaciones de deuda dentro del programa de renegociación que está encabezando el ministro Martín Guzmán. Así lo decretó el juez ya fallecido durante el “Juicio del Siglo” contra los fondos buitres, obligando al país a llegar a un “default técnico” en 2014 por decidirse, para evitar embargos, liquidar los vencimientos de deuda en Buenos Aires durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Las acciones en poder del Grupo Petersen y de Eton Park eran ADR de YPF, que son títulos de empresas no norteamericanas que cotizan en Wall Street. De ahí que los demandantes se hayan presentado en su momento ante los tribunales de Nueva York. En 2016, Argentina planteó un cambio de sede del juicio, argumentando una supuesta falta de competencia de Nueva York en cosas que atañen a una sociedad comercial argentina. Además, el país insistió en que incluso si fuera competencia de Nueva York, el foro más conveniente para dirimir este tema sería el argentino, que conoce mejor su legislación y tiene acceso más ágil a testigos y documentación. El planteo del país fue rechazado ese mismo año por la jueza Preska, porque entendía que el tema sí era competencia norteamericana. Adicionalmente, hizo lugar a un planteo de Burford que decía que en Buenos Aires había un juicio en curso en contra de este fondo (por otro tema, no YPF), con lo cual los abogados corrían riesgo de quedar detenidos si ingresaban al país. La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo y la Corte Suprema no lo tomó.
Ahora bien, en 2019 aquel juicio paralelo contra Burford se cerró y entonces Argentina le volvió a plantear a Preska el cambio de foro, en virtud de la nueva situación. En el medio, cambió el gobierno argentino. La nueva administración presentó en enero un escrito siguiendo a grandes rasgos las pautas planteadas meses atrás por la gestión previa. El motivo principal fue que no correspondía abandonar la instancia judicial pero además, porque estaba la intención de responder a los nuevos argumentos de Burford.
La petrolera, que tiene un alto endeudamiento -tiene pasivos por 8.500 millones de dólares- tampoco pasa por su mejor momento. El bajo precio del petróleo, el escaso interés en Vaca Muerta y los juicios en Nueva York tampoco la posicionan como la mejor administradora de un empresa concursada. A una petrolera en problemas se le suman más complicaciones.
Por su parte, YPF aseguró que “interpondrá todos los recursos legales necesarios para defender sus intereses”, tras conocerse el fallo de la justicia de Nueva York que dispuso que la demanda contra la compañía por la nacionalización deberá dirimirse en los tribunales de aquel país.
“La Sociedad se encuentra analizando la mencionada resolución e interpondrá todos los recursos legales necesarios para defender sus intereses de acuerdo con el procedimiento legal aplicable”, afirmó la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores.
YPF reseñó al mercado que el Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York “rechazó el planteo de Forun non conveniens que fuera oportunamente presentado por la Sociedad así como por la República Argentina”.
El fallo dispuso en consecuencia “la competencia del mencionado Tribunal para resolver sobre el fondo de estos reclamos”, reseñó YPF.
La denuncia se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías en quiebra, de cuando el Grupo Petersen era dueño del 25 por ciento de YPF, pero de las que el Grupo se desvinculó definitivamente en 2015. El Grupo Petersen, actualmente, está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios de Burford que desistieron del reclamo al grupo liderado por Eskenazi.
Fuente: noticiasurbanas.com.ar
