Los argumentos de la resolución de la jueza de Paz Letrada de Caucete, quien tomó intervención en una causa en la que más de 20 niños eran usados por sus padres en el paraje San Expedito.
La jueza de Paz Letrada de Caucete, Luciana Salvá, intervino judicialmente y prohibió la mendicidad de menores en los márgenes de la Ruta Nacional 20, en el paraje de San Expedito, tras probarse que usaban niños de hasta 11 meses, llevado por sus hermanitos y otros menores de entre 3 y 17 años, quienes no asistían cotidianamente a la escuela. En los considerandos, la Jueza citó el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el cual cita “el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial”. También la jueza de Caucete referenció en su fallo de la Responsabilidad Parental como el conjunto de deberes y derechos que le corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sean menores de edad. Luciana Salvá consideró que esta problemática de la mendicidad es de antigua data en este paraje y que transgrede la Ley 7819. También sostuvo que es una actividad con un riesgo potencial, latente y existente. Y citó el artículo 32 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el que se considera que todos los niños deben estar protegidos de la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación; o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
En base a esa argumentación, la jueza Salvá resolvió prohibir el ejercicio de la mendicidad y / o trabajo infantil en la localidad de Bermejo (santuario San Expedito) y en sus alrededores, y les ordenó a sus padres y/o tutores hacer cesar de forma inmediata esta actividad y garantizar la continuidad escolar de los niños. También la Jueza advirtió que, en caso de que se continúen con estas actividades lucrativas fraudulentas para suscitar piedad, se girarán oficios a la Anses y se les informará a los organismos nacionales y provinciales, para que lo adultos responsables de los menores no reciban ningún beneficio de ayuda económica. En la resolución se le dio intervención al Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Área de la Niñez, Adolescencia y Familia, para que realice los controles necesarios para la contención social y psicológica de los niños. Y notificó al puesto policial de Bermejo, quien deberá actuar y hacer efectivos los apercibimientos establecidos en el Código de Faltas y poner en conocimiento de la Comisaría del Menor, del Juzgado y de la Asesora de Menores en turno si continúan con esta actividad prohibida. Según la jueza Salvá, tras su resolución judicial los 22 niños detectados mendigando en la Ruta 20 cesaron de ese comportamiento, y los padres se comprometieron con la escolarización de los menores.
Fuente: Poder Judicial San Juan
