Un juez prohibió aplicar en la ciudad de Buenos Aires la nueva reglamentación policial sobre el uso de armas de fuego.

El magistrado Roberto Gallardo dictó una medida cautelar en la que declaró «inaplicable e inconstitucional» la normativa impulsada por Patricia Bullrich.

A menos de 48 horas de su publicación, la Justicia frenó la aplicación del nuevo reglamento que amplía la discrecionalidad de las policías en el uso de las armas de fuego. La resolución prohíbe a los agentes de la Policía de la Ciudad y de las fuerzas de seguridad nacionales a regirse por la normativa anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el ámbito de la Capital Federal. El magistrado consideró «inaplicable» e «inconstitucional» la Resolución 956/2018, que otorga a los uniformados una mayor libertad para disparar en casos de delitos graves y persecuciones. Además, ordena al gobierno de la Ciudad a que se abstenga de adherir al reglamento federal impulsado por el Poder Ejecutivo nacional, según reportó Infobae. La cautelar fue concedida luego de la presentación de una acción de amparo impulsada por la legisladora del Frente de Izquierda-PTS, Myriam Bregman, junto con la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). «Hoy presentamos amparo para que no se aplique la resolución de Bullrich. El Juez Gallardo acaba de conceder la cautelar y decretar inconstitucionalidad e inaplicabilidad en la Ciudad de Buenos Aires de ese reglamento que legaliza el gatillo fácil», escribió anoche la legisladora porteña en su cuenta de Twitter.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, admitió que era «una opción que algún juez pudiera cuestionar la reglamentación» impulsada por la ministro Bullrich. Sin embargo, dijo en diálogo con radio La Red que «llama la atención, el juez Gallardo tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia». Desde un primer momento la medida generó controversia y generó un fuerte rechazo de la oposición. Sin embargo, la opinión más resonante vino desde las propias filas del oficialismo. La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tildó de «fascista» la nueva disposición y advirtió que «viola los derechos humanos fundamentales». «Nosotros no vamos a ir al fascismo. Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano», alertó la legisladora en su cuenta de Twitter, en una mención personalizada a Patricia Bullrich. «Voy a votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo con la doctrina histórica de la CC ARI porque esto es los que permite mantener la independencia para defender al pueblo. No me importa lo que opine el Presidente, sostengo lo mismo que decimos desde hace 25 años», aclaró la legisladora por redes sociales, y además enfatizó: «A los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad les digo, el día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o ser morocho se van a acordar de mí».

Fuente: Infobae Profesional

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