La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado en defensa de Mónica Fernández, la jueza interviniente en el caso Mimí, y pidió a los medios cesar las acciones de desprestigio y «confiar en las vías procesales».
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), dirigida por Marcelo Gallo Tagle publicó un comunicado en favor de la titular del Juzgado Civil Nº 84 de Capital Federal, a raíz de las críticas que recibió por el caso Mimí, la menor de tres años que fue separada de las personas que la criaron desde el mes de vida y solicitaron su adopción.
«Con sorpresa hemos advertido en los últimos días una verdadera campaña mediática de ataques, rayanos al insulto, dirigidas contra el accionar de la Justicia» señala el comunicado, suscripto por el presidente de la asociación y su secretario general, Enrique Comellas.
«Los magistrados y las magistradas que actúan en esa difícil área de conflictos, comprenden la subjetividad y el sufrimiento de las partes involucradas, pero el limite de las criticas es el respeto a la verdad y a la dignidad que todas las personas merecen», sostiene el texto, titulado «Injustos ataques mediáticos a una jueza»
Los firmantes señalaron que «los y las periodistas y profesionales que se hacen eco u opinan sobre estas cuestiones, tienen el deber de objetividad que los obliga a procurar conocer la realidad de las causas, más allá del relato de quien profiere la diatriba, a riesgo de engañar a la sociedad».
Desde la entidad opinaron que los y las periodistas y profesionales que «se hacen eco u opinan sobre estas cuestiones, tienen el deber de la objetividad que los obliga a procurar conocer la realidad de las causas, más allá del relato de quien prefiere la diatriba, a riesgo de engañar a la sociedad».
La AMFJN instó a los medios de comunicación a «cesar en las acciones públicas de despretigio y a confiar en las vías procesales, por lo demás ya en curso, para discutir y dar respuesta a los pretendidos derechos de quien se considere afectado».
El caso se hizo conocido cuando Mariana y Marcelo Ikonikoff, que forman parte del programa de Acogimiento Familiar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pidieron que se les conceda la adopción de la menor, a quién recibieron en su casa cuando tenía un mes y, tres años después, la justicia ordenó que sea dada en adopción sin tener en cuenta el vínculo que se formó.
La pareja denunció que el tiempo que vivió la menor en su casa supera ampliamente por lo dispuesto en la ley y que el juzgado, de un dia para el otro, dispuso el estado de adoptabilidad y se la llevaron, sin realizar un proceso cuidado, como habían solicitado.
Ahora será la Cámara Civil quien decida si Mimí volverá con los Ikonikoff, para ser adoptada por ellos.
Fuente: Diario Judicial.
