La transición entre la Legislatura saliente y la que asumirá para el período 2019-2023 pondrá sobre la mesa un debate obligado, a partir de una sentencia dictada el año pasado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que tiene en jaque el sistema mediante el cual se fija la dieta -es decir, la remuneración- de los legisladores.
A partir de un planteo iniciado en 2007 por los abogados Luis Iriarte y Carmen Fontán, el máximo tribunal provincial confirmó el fallo rubricado en 2013 en el fuero Contencioso Administrativo, a través del cual se declaró la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la Carta Magna tucumana, reformada en 2006. Entre otros puntos, la Corte hizo lugar a los constitucionalistas en su reproche a la potestad dada por vía constitucional al vicegobernador para que, gracias a su rol como máxima autoridad de la Legislatura, sea quien resuelva las remuneraciones en la Cámara legislativa. A la vez, la Constitución provincial indica que “los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del cuerpo”.
Iriarte explicó que el fundamento de la acción judicial impulsada junto a Fontán radica en que “el vicegobernador, en realidad, es un funcionario electo juntamente con el gobernador, y de acuerdo a la manda constitucional lo preside y lo administra, pero no es parte del Poder Legislativo. Por ello, dejar la potestad de fijar la dieta en manos del vicegobernador violenta el principio de división de poderes y afecta la independencia política de todos ellos, al estar dependiendo sus ingresos económicos de una resolución del vicegobernador”.
Iriarte recordó que la propia Constitución de 2006 otorga a los legisladores los atributos para iniciar un proceso de destitución por juicio político tanto contra el gobernador como en contra del gobernador. “¿Cómo puede llevar adelante (el cuerpo legislativo) un proceso de destitución al vicegobernador, si es este quien determina el monto de los ingresos (de sus miembros)?”, describió Iriarte. Advirtió que esto es “un contrasentido” en el sistema de remuneraciones de los legisladores. “Es necesario romper toda atadura”, agregó. Por otra parte, consideró que la Legislatura “está en mora con el cumplimiento de la sentencia de la Corte provincial”. En opinión del demandante, ese fallo tiene vigencia, al menos “mientras la Corte de la Nación (a la cual acudió la Provincia mediante recurso extraordinario federal) no revoque total o parcialmente la sentencia de la Corte provincial”.
En la conducción de la Legislatura están al tanto de esa decisión judicial. De todas formas, en el oficialismo tienen la intención de que, de concretarse los cambios en el sistema de remuneraciones en la Cámara, sea con el visto bueno de la composición que asumirá en los últimos días de octubre.
La cuestión no es tan sencilla. Por un lado, están los que consideran que la dieta legislativa debería estar equiparada a la de los magistrados del Poder Judicial de Tucumán. Estos barajan alternativas para el bruto: que sea como el básico de un camarista ($171.000 en la actualidad); como el de un juez de primera instancia ($157.958); o como el de un juez de Paz ($101.000). Esto equivaldría a elevar la dieta entre un 100% y un 25%, según la opción que tuviera prevalencia. El argumento de quienes impulsan esta idea es que, si bien sería una decisión impopular en tiempos de crisis, se trataría de una medida a tomar por única vez y que equipararía los haberes de los representantes del pueblo con los de los magistrados tucumanos. La otra postura respecto al sistema de asignación de la dieta es que el vicegobernador retenga la facultad de fijar el monto por vía administrativa.
Días atrás, dos dirigentes -uno que deja la banca, otro que llega a la Cámara- debatían sobre la cuestión en un café. Ya con los pocillos vacíos, recordaban que en una composición anterior había surgido la posibilidad de cambiar el régimen. Coincidieron en que la resistencia de los más experimentados truncó los intentos. Sin embargo, advirtieron, la renovación en el recinto será una nueva oportunidad para revisar el tema.
Opiniones
“Si la sentencia queda firme, serán los legisladores los que tendrán que proponer la dieta correspondiente, y será el cuerpo colegiado el que definirá sobre el particular”.
Fuente: La Gaceta.
