ESPAÑA VIOLENCIA MACHISTA
Madrid, 14 oct (EFE).- Un tribunal condenó al Ministerio del Interior español por la inadecuada protección que las fuerzas de seguridad concedieron a una mujer que solicitó amparo como víctima de violencia de género y que fue asesinada por su marido en 2016 un mes después de denunciarlo.
En una sentencia conocida este miércoles, que se puede recurrir, la Audiencia Nacional estima que la Guardia Civil (cuerpo de seguridad) era responsable de la valoración policial del riesgo de violencia contra esta mujer.
En este caso, “la mínima protección policial que se asignó resultó inadecuada, a resultas del asesinato de la denunciante por su marido un mes después de interponer la denuncia”, dice la sentencia.
Según el tribunal, “la actuación de los agentes ante situaciones de violencia de género no debería quedar limitada a aspectos formales”.
Por el contrario, “exige una atención preferente de asistencia y protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar, a los efectos de prevenir y evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias del maltrato”.
De esta forma se resuelve el recurso que interpuso la familia de la víctima contra la desestimación de la responsabilidad patrimonial del Estado en este caso, que terminó con la muerte de la víctima.
Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando la mujer solicitó una orden de protección en el cuartel de la Guardia Civil de Sanlúcar La Mayor (Sevilla, sur español), que fue denegada por el juzgado atendiendo a la existencia de versiones contradictorias, la carencia de antecedentes del denunciado, y a que los agentes calificaron el riesgo para la víctima como “no apreciado”.
“La respuesta policial en violencia contra la mujer exige que el sistema pueda prevenir la violencia y revaluar el riesgo, más allá de la recogida de datos automatizados, mediante agentes especializados en su tratamiento y sensibilización en su seguimiento”, según los magistrados.
La Audiencia Nacional decidió una indemnización de 20.000 euros (23.400 dólares) para cada uno de los padres de la mujer asesinada y de 70.000 (81.900 dólares) para cada uno de sus dos hijos menores por el daño moral.
Entiende la Audiencia Nacional que “la concienciación social e institucional sobre la importancia del problema de la violencia de género exige una mayor sensibilización” de la que mostró en este caso la Guardia Civil.
El sistema policial de seguimiento de las víctimas de violencia de género (VioGén) ha sido actualizado y mejorado desde 2018, en especial en lo relativo a la valoración policial del riesgo, recordaron fuentes del Ministerio del Interior después de conocerse la sentencia.
Hasta este momento de 2020, 36 mujeres han muerto en España víctimas de violencia machista, y en solo seis casos (16,7 %) el presunto agresor había sido denunciado por maltrato.
Desde 2003, cuando comenzaron los registros, 1.069 mujeres han sido asesinadas.
