El ex funcionario habría recibido sobornos para favorecer una empresa, a fin de que llevara adelante las obras, que nunca se concretaron.
El sucesor del cordobés, Juan Pablo Schiavi, fue sobreseído por la alzada. La Sala I de la Cámara en lo Criminal Federal confirmó el procesamiento del ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, por cohecho pasivo. Presuntamente, el ex funcionario habría recibido coimas para favorecer una empresa, a fin de que instalara un tren de alta velocidad que uniría las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. La alzada también ratificó el embargo por dos millones de pesos que dictó el juez federal Luis Rodríguez hace poco menos de un año. En tanto, sobreseyó al sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi, durante cuya gestión se dejó sin efecto el contrato firmado en 2008 con un consorcio de empresas encabezado por Alstom Argentina.
Expediente. En el marco del expediente sobre el denominado “tren bala”, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi Llorel ordenaron que se evalúe si la causa está prescripta con relación a los colaboradores de Jaime, Manuel y Julián Vázquez (padre e hijo), y a los representantes de Alstom (Thibault Peters Desteract y Jean Daniel Lainé). En la causa se investiga si hubo un pago de un millón de dólares al ex funcionario, actualmente detenido por otras causas, para que la compañía resultara contratada para las obras para la instalación. Según se sospecha, para transferir el soborno se habría simulado la contratación de la consultora Caesa, vinculada con los Vázquez. En 2009 y 2010, Schiavi suscribió documentos para que la relación contractual con Alstom se mantuviera vigente, pero los magistrados concluyeron que no se probó que estuviera al tanto del soborno. A su turno, la defensa de Jaime argumentó que el llamado a licitación para la instalación del “tren bala” fue una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, cuestionó que se discutiera judicialmente sobre el mérito y la conveniencia de una medida de la administración pública. En esa línea, expuso que el contrato no generó un perjuicio al Estado porque no llegó a ejecutarse. Sin embargo, Bruglia, Llorens y Bertuzzi Llorel recordaron que en la pesquisa no se indaga sobre la contratación de una obra pública sino que “se ciñe exclusivamente al pago de un precio” para direccionar la voluntad estatal.
“No es la necesidad o la inconveniencia, el acierto o el yerro de la obra en si lo que se juzga en el caso -propio de una posible defraudación o malversación de fondos-, sino el que la licitación haya sido guiada por un ánimo corrompido por la promesa dineraria”, consignaron. El proyecto del Tren de Alta Velocidad fue anunciado en abril de 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner, oportunidad cuando se sostuvo que el rodado, a una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora, uniría en 85 minutos la terminal de Retiro con la de Rosario, y que en un tiempo similar se podría llegar desde esa ciudad a Córdoba. En enero de 2008, ya con Cristina Fernández en la Presidencia, se firmó el contrato, que estimaba un plazo de 36 meses para concretar la obra, con un costo aproximado de cuatro mil millones de dólares para su ejecución. La ex mandataria firmó la adjudicación al consorcio Veloxia, integrado por la francesa Alstom, la española Isolux y las locales Iecsa y Emepa. Dos meses después, en marzo de 2008, el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, refrendó la estructura financiera del proyecto y en septiembre de la ley de presupuesto incluyó la iniciativa. En la nada En noviembre del año pasado, el juez federal Rodríguez procesó a los ex secretarios de Transporte Jaime y Schiavi. Se basó en la firma de contratos entre Alstom y la consultora Controles y Auditorías Especiales (Caesa), propiedad de Manuel Vázquez, asesor y testaferro del cordobés, argumentando que la suscripción de los acuerdos de consultoría tenían como único fin proporcionar una fachada para explicar el retiro de fondos de las empresas y transferirlos a ex funcionarios.
Fuente: Comercio y Justicia
