La Cámara de Diputados derogó esta madrugada por unanimidad una ley, vigente desde hace casi 100 años, que prohibía el trabajo a mujeres en actividades consideradas riesgosas o insalubres, que van desde labores en canteras o subterráneas, pasando por actividades de la industria portuaria y hasta el expendio de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas.
La Ley 11.317 -sancionada el 30 de septiembre de 1924- y su decreto reglamentario, del 28 de mayo de 1925, fueron derogados con 153 votos afirmativos, durante la extensa sesión de la Cámara baja que se extendió durante más de 13 horas.
Las normativas prohibían también que menores de 12 años realizaran cualquier clase de trabajo, incluido trabajos rurales -una cuestión ratificada por varias convenciones internacionales-, pero contenía un capítulo específico sobre prohibición de tareas «peligrosas o insalubres» para mujeres y personas menores de 18 años, las que eran reservadas para varones.
Las tareas vedadas a las mujeres eran: actividades de carga y descarga de navíos; en canteras o trabajos subterráneos; en la carga o descarga por medio de grúas o cabrias; como maquinistas o foguistas; en el engrasado y limpieza de maquinaria en movimiento; en el manejo de correas; en sierras circulares y otros mecanismos peligrosos; y en la fundición de metales, y en la fusión y en el sopleo bucal de vidrio.
Las mujeres quedaban además excluidas de tareas que tenían que ver con el transporte de materias incandescentes; el expendio de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas en cualquier local o dependencia.
El trámite parlamentario se concretó pasada la 1.30 de hoy y la diputada del Frente de Todos (FdT) Vanesa Siley aclaró que en el dictamen que fue puesto a consideración de la Cámara baja se excluyeron las normas que están referidas a la prohibición del trabajo infantil.
«Tal vez, hace casi 100 años, tenía un fin loable prohibir el trabajo de mujeres en estas actividades, considerándolas insalubres, nocturnas o riesgosas. Pero la actualidad de hoy nos lleva a replantearnos esa cosmovisión o esos estereotipos patriarcales que trasladan al mundo laboral las discriminaciones que socialmente y estructuralmente vivimos y sufrimos las mujeres», indició la dirigente sindical en declaraciones a los medios de prensa acreditados en el Congreso.
En ese sentido, Siley aclaró que si bien en determinadas ramas se fueron incorporando mujeres a tareas históricamente masculinizadas, «en la minería sigue siendo alegada esta norma para no contratar» personal femenino, algo que también se verifica en la industria marítima portuaria.
A su turno, la diputada chaqueña del FdT María Lucila Masin destacó que «la iniciativa fue construida a partir de la demanda de trabajadoras de la Empresa de Energía» de esa provincia.
La diputada del PRO Silvana Lospennato celebró que la iniciativa, consensuada entre los bloques del oficialismo y la oposición, haya sido tratada en el recinto y destacó la importancia de esta derogación como «un paso más en la igualdad».
«El Banco Mundial identificó a esta ley en particular como una de las rémoras del derecho argentino que no permiten la igualdad real de trato a las trabajadoras y los trabajadores. Este es un paso más, pero todavía en materia de inserción económica de las mujeres, tenemos un largo camino por recorrer en nuestro país», afirmó Lospennato.
En tanto, desde la agrupación Mujeres Sindicalistas se indicó que esta derogación «implica terminar con barreras en el acceso igualitario de distintas actividades, especialmente en zonas portuarias y de operaciones, donde actualmente se sigue alegando esta normativa para evitar incorporar mujeres en tareas que son bien remuneradas».
En la sesión estuvieron presentes representantes de Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (Apdfa), Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Asociación de Mujeres en la Actividad Marítima, Fluvial y Lacustre (Amamfyl), ATE Nacional, ATE Santa Cruz, Puerto de Dock Sud, que celebraron la ampliación de derechos.
Fuente: comercio y justicia
