A través de la Decisión Administrativa 378/2021 publicada este lunes en el Boletín Oficial el Gobierno autorizó a los empleados públicos del sector nacional a solicitar una licencia en caso de que tengan hijos menores de 14 años que deban cuidar durante las clases virtuales.
La medida rige para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pese a que en las últimas horas autoridades del Gobierno de la Ciudad consiguieron un amparo judicial para que los establecimientos educativos continúen abiertos dando clases presenciales.
Qué dice la decisión administrativa
Según esta norma, «las Jurisdicciones, Entidades y Organismos de la Administración Pública Nacional» podrán dar «licencia hasta el 30 de abril de 2021″ a los trabajadores que presten servicios en dicho sector.
Este beneficio será para todos esos empleados estatales que «se encuentren a cargo de niños, niñas o adolescentes de menos de 14 años de edad, que deban realizar escolaridad virtual y se encuentren inscriptos en establecimientos educativos del Área Metropolitana de Buenos Aires».
Por otra parte, en esta Decisión Administrativa aclaró que «en el supuesto de que ambos progenitores convivientes presten servicios en el Sector Público Nacional, la justificación se otorgará solo a uno de ellos o una de ellas».
El dictado de clases virtuales dispuesto por el presidente Alberto Fernández con el propósito de bajar los contagios de coronavirus comienza hoy y se extenderá por dos semanas en escuelas de unos 30 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el marco de la polémica generada después de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires fallara ayer a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, desde el Gobierno bonaerense, ratificaron la decisión de acatar el DNU presidencial.
El fallo a favor de las clases presenciales
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires emitió hoy un fallo que ordena la habilitación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández el viernes pasado que dispuso el cierre de las aulas por dos semanas.
La votación del tribunal que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime, y la medida se hará efectiva este lunes ya que el Gobierno nacional no puede recusar, por no formar parte del caso.
En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto del Gobierno.
El recurso había sido presentado por un grupo de docentes enrolados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, que consideraban que era prioritario sostener las clases pese a la escalada de contagios en el AMBA.
La medida de suspensión de clases presenciales por dos semanas había provocado el rechazo de sectores de la oposición y de grupos de padres preocupados por la educación de sus hijos.
Cientos de vecinos salieron a las calles en distintos barrios de la Ciudad y de la zona norte del conurbano para exigirle al Gobierno que de marcha atrás con la medida, organizando cacerolazos espontáneos.
El Gobierno de la Ciudad sostuvo que las escuelas no son focos de contagio y presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para anular el decreto presidencial.
También intentó torcer la voluntad de Alberto Fernández, quien tomó una decisión que sorprendió inclusive a integrantes de su propio Gabinete.
El argumento del Gobierno nacional tenía que ver no tanto con los contagios que pudieran generarse en las aulas, donde existen protocolos para que eso no suceda, sino en la circulación que iba a generar una mayor demanda de transporte público para llegar a las escuelas.
El Gobierno de la Ciudad modificó su postura respecto del año pasado, cuando acordó con el Gobierno nacional la suspensión de las clases presenciales frente a la incertidumbre que generaba la irrupción de la pandemia en el país, por lo que no hubo una judicialización del tema.
La prohibición del dictado de clases presenciales alcanzaba a 2.359 escuelas que abarcan un total estimado de 600.000 alumnos.
Fuente: Infobae Profesional
