La Justicia de General Roca procesó a dos hermanas docentes por las tomas de la Universidad Nacional de Río Negro.
Para el juez, las mujeres son responsables de los delitos de usurpación y coacción agravada. En los autos “NAFFA, VICTORIA YASMIN; NAFFA, VIRGINIA YASMIN S/ USURPACIÓN (ART. 181 INC. 1)”, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca procesó a dos docentes por la toma del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro. El titular del juzgado, Hugo Greca, consideró que las mujeres, que lideran la toma desde el 12 de septiembre en defensa de la educación pública, son responsables de los delitos de usurpación y coacción agravada. “La toma del predio fue empleada a la postre por las imputadas como violencia o amenaza en orden a obtener de las autoridades universitarias los requerimientos planteados. Los extremos del descargo de Virginia y Victoria Naffa, en lo que hacen a la acreditación objetiva de los hechos, no resultan admisibles», expresó el juez. En esa línea, Greco añadió que «el funcionamiento universitario, en lo que hace a su ámbito administrativo llevado adelante por a sede tomada ha sido probadamente afectado como lo demuestran las declaraciones testificales ya referenciadas de quienes trabajan precisamente allí; y en cuanto a que la toma sólo era de 24 horas».
En su extenso fallo, el titular del juzgado consideró que las imputadas hicieron uso de la confianza depositada en ellas a partir de su estatus de docentes, ya que sin él «no parece posible haber juntado al menos 20 estudiantes en torno a ellas e ingresado al predio universitario sin más». Finalmente, Greco advirtió que habrán más imputaciones conforme avance la investigación. “Corresponderá extraer testimonio de las piezas pertinentes del presente legajo para a continuar la instrucción respecto de los demás coautores de los hechos de que se trata; en ese sentido cabe recordar la prueba de la existencia de un grupo de entre 20 y 40 personas», expresó. Si bien el magistrado dictó el procesamiento de las mujeres sin prisión preventiva, ordenó un embargo de $5.000 a cada una y adelantó que ordenará el desalojo de las instalaciones “una vez que el presente auto se encuentre firme”.
Fuente: Diario Judicial
