Como parte del paquete de medidas contra la violencia de género, el Gobierno nacional adjudicó la contratación pulseras electrónicas para monitorear el cumplimiento de medidas cautelares.
También se impulsa la adopción de un fuero unificado para causas judiciales de violencia de género intrafamiliar y sexual. El Gobierno nacional adjudicó esta semana la contratación de 1925 pulseras electrónicas que serán utilizadas para monitorear el cumplimiento de las medidas cautelares en casos de violencia de género. Los mecanismos de protección se entregarán a las provincias que los soliciten. La medida se enmarca en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Gobierno Nacional. En una primera fase se otorgaron 144 dispositivos a Córdoba, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Santa Fe, La Pampa y Tierra del Fuego. Ahora, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos busca “aumentar la dotación de dispositivos” en estas jurisdicciones y sumar a nuevas provincias. “El uso de estos mecanismos de protección representa un cambio de modelo para la atención de esta problemática. Entre otros beneficios, permite que la víctima pueda retomar sus actividades cotidianas fuera y dentro de su residencia, sin quedar desprotegida por el Estado”, afirmó la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez.
Las tobilleras se utilizan en el control, monitoreo y aseguramiento de medidas cautelares dispuestas en el marco de procesos judiciales de violencia contra la mujer. Su uso está previsto para casos de «alto riesgo». Rodríguez explicó que los “los dispositivos duales se colocan tanto en víctimas como en agresores, y a través de un mecanismo de geolocalización activan una alarma en caso de que se detecte la proximidad de la otra persona que trae la tobillera consigo”, y advirtió que “superan tecnológicamente al botón anti pánico”. Esta medida su suma a la iniciativa de adopción de un fuero unificado para causas judiciales de violencia de género intrafamiliar y sexual, que busca “evitar la fragmentación entre los aspectos civiles y penales del caso”. El proyecto, denominado Ley Modelo para la Creación del Equipo Judicial Especializado en Violencia Intrafamiliar y Sexual, propone la creación de un “equipo judicial interdisciplinario que acompañe a la víctima desde el inicio de la denuncia” y durante todo el proceso judicial a partir del “apoyo jurídico, psicológico y social de profesionales especializados”. También plantea la asistencia integral especializada de manera gratuita y oportuna. Actualmente varias provincias están trabajando para incorporarlo en sus jurisdicciones.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia presentó el Registro de Femicidios de la Justicia correspondiente al 2017. Según la estadística, 251 mujeres y trans murieron el año pasado a causa de la violencia machista. Según el relevamiento de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), a cargo de Elena Highton de Nolasco, el 93% de los femicidas tenía vínculo o conocimiento previo con las mujeres asesinadas, en su mayoría eran parejas o ex parejas, y el 71% de los crímenes fueron en el domicilio de la víctima.
Fuente: Diario Judicial
