Las autoridades aseguran que el proceso fue transparente y respetó los límites y alcances legales.
Pero esto no es compartido por la empresa española. El sector telco está al rojo vivo. Es que detrás de las decisiones tomadas, o que pudieran surgir, hay un negocio multimillonario en juego. El mercado de las telecomunicaciones «está que arde» y no es para menos, ya que por detrás de las decisiones gubernamentales tomadas -o las que vayan a tomarse- hay un negocio multimillonario en disputa. Por lo pronto, Telefónica ya presentó un reclamo a raíz del aval oficial, con limitaciones, otorgado a la fusión entre Telecom y Cablevisión. Tras esa presentación, fueron creciendo las dudas en el mercado sobre qué posición iba a tomar el Gobierno. Días más tarde se supo que el reclamo fue rechazado de plano por las autoridades nacionales. ¿Por qué? Los funcionarios afirman que se trata de un hecho consumado y que ya han sido establecidas todas las limitaciones necesarias para evitar la concentración de mercado y así resguardar la competencia. En su demanda, Telefónica acusa a la Secretaría de Comercio (SdC) de haber permitido una fusión que implica un trato «discriminatorio» con el resto de los operadores de telecomunicaciones del país.
Según la compañía, la unión de los negocios de Telecom y Cablevisión da lugar a una concentración de casi el 60% del mercado de banda ancha fija a nivel nacional y hasta del 90% en determinadas ciudades. También cuestionan la decisión del organismo oficial al considerar que no fomenta la competencia y que perjudicará a los usuarios, «que tendrán en muchas zonas del país serias dificultades para elegir libremente qué tipo de conectividad quieren y qué precio pagar por ella». Sin embargo, altas fuentes oficiales consultadas por iProfesional, que han participado del proceso que derivó en la aprobación del deal, aclararon que no hay ninguna posibilidad de que se dé marcha atrás. Rechazaron los planteos de Telefónica y recomendaron a sus ejecutivos «leer cuidadosamente el fallo de la Secretaría de Comercio», ya que en él están respondidas cada una de las críticas de la operadora europea. «Se trata de un dictamen que cuida la competencia. En las obligaciones de desinversión le responde a Telefónica sus reclamos, por lo cual no habrá ninguna posibilidad de revisar la fusión», dicen desde el Gobierno. De todos modos, explican que el proceso lógico y establecido en la Ley de Defensa de la Competencia le permite a la empresa recurrir a la Justicia Civil, Comercial y Federal.
«Si están disconformes, la vía es recurrir al fuero judicial a protestar», aconsejan los funcionarios. A modo de ejemplo, hacen referencia a la multa recientemente impuesta a SADAIC por la Secretaría de Comercio ($42 millones), por entender que fijó «precios excesivos» en los aranceles de derechos de autor que pagan hoteles y otros establecimientos que ofrecen alojamiento. «SADAIC no está de acuerdo con la sanción y recurrirá a la Justicia», sostienen las fuentes, para quienes Telefónica debería seguir el mismo camino si se considera perjudicada por la fusión Telecom- Cablevisión. «Lo que no puede hacer es decir que impugnan una decisión del Gobierno porque no le corresponde, ya que en este caso no fueron tomados como parte del expediente», agregan los funcionarios.
¿Segundo round en el CIADI? Desde otro organismo público vinculado al sector dijeron a iProfesional que para habilitar el camino judicial Telefónica debe lograr el aval de la Secretaría de Comercio. «Ese ente le debe conceder el recurso y recién entonces podrá presentar un planteo en Tribunales», explica uno de sus integrantes. Además, hace referencia al artículo 53 de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, que indica que el recurso deberá interponerse dentro de los 10 días hábiles de notificada la resolución.
En el caso de Telefónica, no habría sido incluido en el expediente abierto para estudiar los alcances de la fusión de sus competidores, por lo cual la Secretaría de Comercio no podría concederle un recurso de apelación, entienden algunos expertos. «Tiene que haber sido aceptada antes como parte para llegar a obtener la concesión del recurso por parte del organismo al que apela Telefónica», agregan. No obstante, en su reclamo, la operadora española aseguró haber iniciado las correspondientes acciones legales en fueros nacionales a raíz de una decisión que considera injusta y discriminatoria. Pero, además, dejó entrever que está analizando «todas las herramientas internacionales a su disposición para la defensa de sus derechos». En este último párrafo, aunque sin admitirlo abiertamente, deja abierta la posibilidad de recurrir al CIADI, organismo del Banco Mundial encargado de recibir denuncias de empresas contra Estados nacionales. De hecho, en ese fuero Argentina tiene 11 causas pendientes, la mayoría iniciadas por grandes grupos internacionales durante el gobierno kirchnerista. Sin embargo, para el actual Gobierno el planteo de Telefónica no se puede asemejar a ninguna de las causas contra el país que tramitan en el CIADI.
Entiende que no contiene ninguno de los condimentos utilizados por las empresas que recurrieron a este ente internacional debido a que la fusión fue aprobada bajo los marcos normativos y legales correspondientes. Es más, se animan a considerar que detrás de la protesta de Telefónica se esconden otros objetivos vinculados, de alguna forma, a responder por la falta de inversiones en la Argentina o a presionar para negociar beneficios en el marco del proceso de apertura del sector telco. «Advierten que no van a invertir en el país por esta fusión cuando en otros mercados como los de Brasil, Colombia y México vienen anunciando fuertes desembolsos para poder competir», señalan las fuentes. En este sentido, la operadora anunció en Brasil, donde está presente con la marca Vivo, nuevos servicios digitales de video dentro de sus planes de Internet por fibra óptica. A tal fin, destinará u$s7.400 millones hasta el 2020. En el caso de Colombia, Movistar invirtió más de u$s3,1 millones en su red de fibra en la capital de ese país. «Debe tener otros intereses en Argentina, ya que la fusión es totalmente legal y no puede ser llevada como caso al CIADI. Se respetaron todos los derechos de los competidores, no se modificó ninguna ley ni se rompió contrato alguno», señalan cerca de la Casa Rosada. Ante la consulta, desde las oficinas locales de Telefónica se limitaron a explicar que la estrategia judicial será establecida por la casa matriz en España.
Por el lado de la empresa Claro, prefirieron no opinar sobre el planteo de Telefónica aunque advirtieron: «Pretendemos reglas claras para los tres operadores del mercado». Desde Telecom-Cablevisión evitaron hacer comentarios por entender que se trata de un conflicto entre uno de sus competidores y el Gobierno. «Nosotros no podemos opinar porque no nos corresponde», agregaron en la compañía propiedad del fondo Fintech, del empresario mexicano David Martínez.
Respuestas del Gobierno, enojo de Telefónica. En el caso de la Secretaría de Comercio, sus voceros consideraron que en el dictamen de aprobación de la operación se encuentran respondidos la mayoría de los reclamos de Telefónica. «No hay ni posición dominante ni concentración. Quedaron establecidos claramente los límites a la fusión para defender a los usuarios», afirmaron desde el organismo. Ocurre que en el documento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que hace suyo la Secretaría de Comercio, de cerca de 200 páginas, se imponen ciertas limitaciones y desinversiones. Como que Telecom deberá devolver 80 Mhz de espectro en pos de la competencia en el negocio de la telefonía móvil. También deberá ceder usuarios de banda ancha en 28 localidades. Unos 143.464 clientes distribuidos en Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe ($500 millones de facturación).
Además, el informe realiza recomendaciones sobre desinversión, ofertas comerciales, disponibilidad de la red y espectro. Para «evitar las ventajas» de ser el primer operador en ofrecer el servicio de cuádruple play, se obligó a Telecom-Cablevisión a no ofrecer paquetes de sus servicios por un plazo de entre seis a 12 meses, según la región. Por su parte, Telefónica entiende que el dictamen no limitará el impacto anticompetitivo de la fusión, «ya que por largo tiempo la empresa fusionada será la única empresa que podrá ofrecer paquetes integrados en Argentina». Tampoco impone -siempre según Telefónica- medidas para que los competidores puedan acceder a las redes fijas de la empresa fusionada en el interior. Asegura además que no establece condiciones para evitar que Telecom pueda tener acceso preferente a contenidos relevantes para la competencia en territorio argentino, ni ha establecido reglas para su comercialización sin discriminación para todos los competidores. «No soluciona la clara ventaja competitiva que Telecom tiene en espectro para proveer servicios móviles (80 MHz más que sus competidores), sino que se limita a recomendar a Enacom que evite que la entidad fusionada use dicho espectro hasta que ejecute su devolución», especifica.
Las quejas hacen también referencia a los procesos de monopolio de mercado ocurridos en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al sostener que el nivel de concentración que la resolución permite, sin asegurar un ambiente de competencia efectiva, no tiene precedentes en ningún país que compone ese ente. En este punto, desde el Gobierno le recuerdan a Telefónica que la Argentina es parte de la OCDE por lo cual respeta los límites, alcances y medidas que se adoptan en ese ente. Así las cosas, el conflicto entre el operador español y el Gobierno por la fusión Telecom-Cablevisión va camino a judicializarse, aunque todavía está por verse si la casa matriz de Telefónica abrirá una nueva instancia legal internacional contra el país. De suceder, se tratará del primer caso planteado en el CIADI por un grupo extranjero durante la gestión Macri.
Fuente: Infobae Profesional
