Personal policial obligó a la víctima a entregarle dinero mediante una intimidación directamente relacionada con el abuso de su cargo público
La Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal de Bahía Blanca dictaminó la calificación del delito como extorsión agravada y no concusión, pues se encuentra suficientemente acreditado que el coimputado ha obligado a la víctima a entregarle dinero mediante una intimidación directamente relacionada con el abuso de su cargo público, en tanto las consecuencias perjudiciales en las que apoyaba su exigencia ilegítima (con disposición patrimonial) se vinculan a las potestades que poseía por su función policial.