Lo decidió el Servicio Penitenciario Federal para mitigar las posibilidades de propagación del virus. El particular caso que vivió un preso con el aislamiento social
En las cárceles federales no hay casos de coronavirus. Y las autoridades quieren continuar así porque un contagio podría generar una propagación difícil de contener por la sobrepoblación de las unidades. Por eso, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) suspendió desde el viernes y mientras rija el aislamiento social obligatorio el ingreso de nuevos detenidos en las alcaidías de las unidad 28 y 29, que son las cárceles del Palacio de Tribunales y de Comodoro Py.
Se trata de los dos primeros lugares a los que la Policía de la ciudad de Buenos Aires lleva a las personas cuando las detienen. De ahí van a los juzgados penales donde se decide, según el caso, si el acusado sale en libertad, porque el delito es menor o sus condiciones lo permite, o si siguen detenidos.
La medida del SPF busca evitar el primer caso: que todos los detenidos queden en las alcaidías para evitar el movimiento de detenidos, lo que lleva riesgos ante la prohibición de circular. Luego, si un juez, con una orden concreta, dispone que una persona quede presa sí ingresará a las alcaldías y de ahí una cárcel.
Una fuente del SPF consultada por Infobae explicó la medida con un ejemplo concreto. “Por día podemos recibir en una alcaidía 15 personas, que se suman a las que ya hay. Pero después ocho de ellas quedan libres porque así lo dispuso el juez y solo siete siguen detenidas. Lo que queremos evitar es que esas ocho estén en las alcaidía para restringir el movimiento en el ámbito penitenciario”, dijo y remarcó que la decisión no significa que habrá menos presos. “Si no que le damos ingreso cuando hay una decisión judicial”, agregó.
¿Qué ocurrirá con las personas detenidas hasta que sean llevadas ante un juez, lo que en algunos casos puede demorar uno o dos días?, preguntó este medio. “La policía o la fuerza de seguridad que lo haya detenido resolverá dónde lo aloja”, respondió la fuente consultada.
La mayoría de esas presos son personas que fueron detenidas mientras cometían un delito. Una nueva ley establece que para esos casos se debe dar un trámite judicial rápido. La ventaja es que muchos se cierran en pocos días, cuando antes duraban meses o años. Pero significó un aumento de la sobrepoblación porque en las cárceles se comenzó a recibir personas con condenas de cinco, 15 días o un mes. Y significativamente son delitos de subsistencia: gente que hurtó queso o yogures en un supermercado o que robaba objetos de poco valor sin violencia.
Las unidades 28 y 29 recibieron duras críticas judiciales por sus pésimas condiciones. “Lo más sincero sería hoy afirmar tras relevar tanta falencia que las cárceles no son aptas para la condición humana”, dijo la Cámara del Crimen en marzo del año pasado tras relevar lo que ocurría en la alcaldía del Palacio de Tribunales tras denuncias de presos. Una alcaidía es una cárcel de tránsito para estar solo algunas horas. Pero allí se encontraron 169 detenidos que llegaron a estar en el lugar durante una semana. En celdas para ocho o nueve personas había entre 28 y 36. Y el lugar cuenta con solo dos baños y una atención médica insuficiente.
Algo similar ocurrió en la alcaidía de Comodoro Py. En julio del año pasado de detectó que allí había alojadas 105 personas, algunas de ellas con más de un mes allí. En celdas individuales había cinco personas.
“Suspéndase, la Admisión de Internos de distintas Jurisdicciones en el Servicio Central de Alcaidías a partir del día de la fecha y hasta el 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo en atención a la situación epidemiológica”, sostiene el artículo uno de la disposición que el viernes pasado dictó el SPF, un organismo del Ministerio de Justicia de la Nación y que está a cargo de Emiliano Blanco.
La medida fue tomada ante el “riesgo que genera el avance a nivel mundial de la enfermedad por el nuevo Coronavirus (COVID -19), el aislamiento social obligatorio que desde el viernes rige en todo el país y por los distintos fallos en los que tribunales prohibieron el ingreso de nuevos presos a las alcaidías y cárceles por la sobrepoblación. Así, la disposición del SPF habla de una “crítica situación” y el objetivo de tomar “acciones tendientes a mitigar los potenciales riesgos” ante la pandemia.
Las 35 unidades que tiene el SPF en todo el país tienen capacidad para 12.694 personas y hoy hay detenidas 13.841, un 9 por ciento de sobrepoblación, según los datos del propio SPF del viernes pasado. De esa cantidad de detenidos, el 61 por ciento se encuentran en cárceles metropolitanas como Devoto, Ezeiza y Marcos Paz.
A eso se suma que desde marzo del año pasado el SPF está en emergencia penitenciaria. Lo decretó por tres años el gobierno de Mauricio Macri debido a la sobrepoblación generada por flagrancia, la falta de construcción de nuevas cárceles y las críticas de la Justicia.
Esta medida se suma a otras que el SPF había tomado ante el coronavirus. Creó un comité de crisis, dispuso dos salas de aislamiento en dos cárceles y ordenó medidas de comunicación en las cárceles de prevención en la higiene. También dispuso que las áreas de salud de cada penal elaboren un informe sobre los detenidos que son población de riesgo ante el coronavirus, como los mayores de 65 años, las embarazas, los diabéticos insulinorequirientes, enfermos oncológicos en tratamiento, entre otros. Se trata de personas que un contagio complicarían severamente su cuadro de salud. Ese listado luego será enviado a los jueces para que decidan si pueden salir de prisión y continuar su detención bajo otra modalidad, como la prisión domiciliaria. Muchos detenidos ya han hecho ese pedido.
También los cinco jueces nacionales de Ejecución Penal ordenaron suspender las salidas transitorias de los presos -son los que pasan el día fuera de la cárcel y luego regresan- para evitar un posible contagio que haría que luego lleven el virus a prisión.
El particular caso que vivió un preso con el aislamiento social
La cuarentena obligatoria es algo inédito en la Argentina que provoca situaciones que nunca se vivieron y que no tienen una habitual forma de resolución. Ocurrió el viernes con un preso que debía salir de la cárcel federal de Ezeiza porque había recibido la libertad condicional. Pero se encontraba en la situación que no podía circular por la calle porque rige el aislamiento social obligatorio.
¿Qué se hace en esos casos? Un juez dispuso que sea el SPF quien lleve al detenido hasta su casa, en la localidad bonaerense de La Matanza. “En virtud de las especiales circunstancias que se viven en la actualidad, en cuanto a la prohibición de circulación, se dispone su traslado con móvil penitenciario en forma indefectible”, señala la resolución.
Pero la situación parece que será excepcional. “Si todos los jueces empiezan a adoptar ese criterio no van a haber móviles”, analizó una fuente. Y otra del ámbito penitenciario dijo que se podría solucionar con un escrito del SPF que indique que esa persona puede circular hasta llegar a su domicilio porque salió ese día de prisión.
Cuando una persona sale en libertad condicional debe cumplir ciertas reglas para que el beneficio no sea revocado y vuelva a la cárcel. Entre esas hay una que empezaron a resolver los jueces por el aislamiento obligatorio. “Impóngase la obligación de efectuar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su domicilio bajo apercibimiento de extraer testimonios por delito de acción pública y la revocatoria del beneficio”, dice la resolución que recibió el hombre que fue llevado a su casa por el SPF. Eso significa que si rompe la cuarentena será denunciado penalmente por eso y volverá a prisión.
La mismo decisión tomó otro magistrado con una mujer que fue detenida en un colectivo por querer robarle junto a un hombre a un pasajero que resultó ser policía. Fue liberada, el juez le impuso como condición cumplir con la cuarentena y si no lo hace será detenida.
Fuente: Infobae
