La titular de la Fundación María Ángeles Verón es investigada por el destino de los fondos que recibió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para obras públicas.
Acompañada de su abogada, Betina Laguna, Susana Trimarco se presentó a declarar ante la Justicia de Tucumán, luego de que el juez federal Daniel Bejas pidiera a la policía buscar a la activista antitrata para que preste declaración indagatoria y explique cuál fue el destino de los fondos que recibió durante el gobierno kirchnerista. El magistrado la había citado a declarar la semana pasada, pero Trimarco no se fue ya que, según sus allegados, no había sido notificada oficialmente debido a que cambió de domicilio. Trimarco es investigada por el destino de 5,6 millones de pesos, (U$S 418.000 en aquel momento), que recibió del Ministerio Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para ejecutar obras en la Fundación María de los Ángeles Verón, que ella preside. La madre de Marita Verón firmó un convenio a fines de 2015 por el cual se le entregaba un crédito de $22.500.000 para la remodelación de un predio del Ejército que le entregaron en comodato. De esa suma sólo recibió $5.500.000.
En el predio se hizo apenas un desmalezamiento, se pintó con los colores de la fundación, además de algunos otros trabajos en el edificio. Sin embargo, Trimarco aseguró que devolvió el dinero que no había usado y que el resto se empleó para pagar al personal que trabaja en el lugar. Cabe recordar que en el 2013 el Estado le dio a Susana Trimarco $4.000.000 de pesos. A partir de ese acercamiento con el kirchnerismo, los fondos nacionales fueron en aumento. En mayo de 2014 recibió $9.250.000 y en 2015 durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner recibió $23.330.000. En los últimos tres días hábiles de mandato de la ex presidenta, el Estado le envió a $8.074.000 y en total la activista obtuvo del gobierno anterior $26.600.000. La auditoría contable que desató la investigación descubrió que no se cumplía con la normativa de prevención de lavado de activos porque las erogaciones se hacían con dinero en efectivo, además pagó $60.000 un presupuesto a arquitectos y $10.220 de vacaciones en La Cumbre, entre otras irregularidades.
Fuente: Cadena 3
