Un empleado de la Legislatura deberá hacer tareas comunitarias por un año, sin posibilidad de manejar, usar celular o ingresar a un boliche, como consecuencia de haber sido denunciado a lo largo de los años por todas sus parejas, nueve en total. La decisión es del juez Antonio Andrade, incluye además que, si no cumple, su cara será exhibida en medios para que sea reconocido por la ciudadanía.
El fallo es del primero de noviembre, en una causa iniciada por una joven que denunció que su ex la acosaba permanentemente y ejercía violencia de género. Como el agresor ya estaba denunciado por otras ex, el juez Antonio Andrade decidió unificar todos los expedientes y darle al agresor una condena para que escarmiente de la mano de la ‘justicia restaurativa’.
La última denuncia contra L. N. se inició en la Oficina de Violencia Doméstica que depende del Tribunal Superior de Justicia, que arrojó que el grado de riesgo en el que se encontraba la mujer era ‘altísimo’, por lo que se dictaron una serie de medidas, entre ellas la prohibición de acercamiento para el agresor.
Sin embargo, con el correr de los días la joven volvió para denunciar que su ex había violado la perimetral, lo que motivó que emplazaran consigna policial y el caso fuese girado a la Justicia Penal.
Para esa instancia L. N. ya tenía otras denuncias por violencia hacia parejas anteriores, que fueron calificadas con riesgo medio. Es decir que su violencia iba en escalada.
AMP tenía 16 cuando lo conoció. Salieron dos semanas y “había golpes y hostigamiento constante”, SAP fue su novia tres meses y denunció que “rompía cosas, me golpeaba y amenazó de muerte” y FAP, que estuvo con él siete meses, lo acusó de haberle “golpeado en la cara, me amenazaba de muerte y me controlaba el Facebook”.
En total, las ex parejas que lo denunciaron por violencia de género durante la relación fueron nueve, todas relatando situaciones de control sobre ellas y sus redes sociales, persecuciones vehiculares, rotura de objetos, golpes, ahorcamientos, palabras denigrantes y amenazas a través de mensajes y llamados.
Las denuncias comenzaron en 2016 por chicas con las que LN salió dos semanas, o un par de meses, y en todos los casos el violento quebró las prohibiciones de acercamiento. Incluso, el Juzgado de Familia Nº 2 lo derivó al taller ‘Habilidades para la Vida’ que lleva adelante el psicólogo Rubén Fernández para modificar conductas de este tipo, sin embargo, tampoco cumplió con el número de asistencias que el Juzgado le solicitó.
“A lo largo de cinco años el Sr. L. N. N. ha sido denunciado por nueve víctimas diferentes, sumado a las denuncias muchas veces efectuadas por los grupos familiares de dichas víctimas, algunas de ellas menores de edad y denunciándose a su vez ocho incumplimientos de las medidas cautelares de las que había sido notificado. En todas las denuncias las víctimas coinciden en actos de menosprecio, violencia psicológica, hostigamientos por llamados telefónicos y mensajes de texto, daños a bienes personales, y en algunos casos serios hechos de violencia física”, se lee en el fallo, firmado por Andrade.
Así fue que con la idea de que el violento no repita la misma historia con otras mujeres, y además para que no quede impune lo que hizo, porque cada caso por sí solo no amerita una condena de cárcel efectiva, Andrade le ordenó a LN un paquete de obligaciones entre las que aparecen el inicio de un tratamiento psicológico que será controlado por ese Juzgado para “revertir su comportamiento violento y desafectivizado por el término mínimo de un año”, el pago de una multa de $ 10.000, el retiro de su carné y la prohibición de manejar por el mismo lapso, además del secuestro de sus teléfonos celulares.
Si bien las recurrentes desobediencias pasan ahora al fuero penal, el magistrado también lo intimó a concurrir a la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, para que retome el taller para varones violentos, y aprenda “acerca de los Derechos de la Mujer y las Disidencias, incluyendo legislación, bibliografía y cualquier otro recurso didáctico, el que deberá contener como mínimo veinte hojas”, al tiempo que le exigió hacer tareas comunitarias, pudiendo elegir entre la “Red Solidaria Río Gallegos”, “Asociación Ambiente Sur”, “Cadena de Favores Río Gallegos”, “Merendero de niños del Barrio Madres a la Lucha”, “Comedor Juan Alberto Romero”, para que colabore un año.
Le prohíbe además por el mismo periodo y dependiendo de su evolución terapéutica, ingresar a cualquier boliche y para que no pueda, le avisan de esto a la Jefatura de Policía.
Otro dato relevante de la condena es que le advierte a L. N. que si vuelve a agredir a alguna mujer se va a “exhibir su imagen en los canales de televisión locales y redes sociales a los fines de informar a la comunidad sobre la peligrosidad y el riesgo que implica el nombrado para el género femenino”.
Finalmente, le ordenó al empleado de la Cámara de Diputados que done “10 marcadores de color negro gruesos, 50 biromes color azul o negro, 50 lápices negros, 50 gomas de borrar, 5 tijeras, 5 cinta de papel, 10 cinta scoch, 5 plasticolas grandes, 10 cartulinas de colores, 2 resmas de hojas tamaño oficio, 10 témperas de colores varios, 10 pinceles, 5 juegos de hojas canson blancas y una caja de alfileres de gancho” para el «Frente de Géneros» que funciona en el Barrio Madres a la Lucha.
“Por último dado el constatado perfil violento y manipulador de personalidad del Sr. L. N. N. caracterizado por el desapego y desafectividad emocional, corresponde poner en conocimiento a su empleadora (Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz) a los fines de que adopte las medidas administrativas que considere pertinentes, remitiéndose copia de la presente resolución en sobre cerrado”.
Fuente: La Opinión Austral
