La exsecretaria de Hacienda de la casa de altos estudios está acusada de haber introducido modificaciones en el sistema de gestión del personal para modificar percepciones de haberes dos días antes de que asumieran las nuevas autoridades de la institución. En la investigación colaboró el Laboratorio de Análisis Técnico de Informática de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal.
El fiscal federal subrogante de la sede descentralizada de Villa Mercedes, Federico Baquioni Zingaretti, solicitó el llamado a declaración indagatoria de la exsecretaria de Hacienda de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Claudia Alejandra Grando, a quien imputó haber introducido modificaciones en el sistema de gestión del personal de esa casa de estudios para modificar percepciones de haberes -alterando descripciones, categorías y cálculos para la liquidación de salarios- y entorpecer la labor de los agentes administrativos encargados de gestionar el sistema.
De acuerdo a la imputación, el 31 de octubre de 2023 -dos días antes de la asunción de las nuevas autoridades de la institución-, Grando realizó modificaciones en el sistema informático SIU MAPUCHE, utilizado para la liquidación de haberes, la personalización de sus fórmulas y la generación de los recibos de sueldo.
La fiscalía indicó que la imputada ingresó con su usuario personal y se valió de sus permisos de administradora para alterar el sistema, aumentando cien veces el valor correspondiente al sueldo básico para la categoría identificada como “6”, además de modificar la fórmula de liquidación de antigüedad no docente.
En ese sentido, el Ministerio Público Fiscal enmarcó los hechos dentro de la figura de daño informático en la modalidad de alteración, agravado por haber sido ejecutado con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad y por recaer sobre un sistema informático destinado a un servicio público, en concurso ideal con la figura de abuso de autoridad.
En el dictamen, el fiscal Baquioni Zingaretti remarcó la “circunstancia altamente demostrativa del abuso funcional en el que incurrió [la imputada] al afectar deliberadamente el sistema de gestión a cuyo cargo se encontraba y en vistas a que cesaría su función a los pocos días por la asunción de las nuevas autoridades”.
El fiscal también ponderó que Grando desempeñaba una función de gobierno destinada a asistir al rectorado universitario en la definición de políticas y en la gestión y obtención de financiamiento necesario para el desarrollo de las acciones destinadas a cumplir con los principios, fines y objetivos propuestos en el estatuto de la universidad, por lo que consideró que su accionar “afectó el aspecto referido a la gestión del recto funcionamiento de los recursos humanos, económicos y financieros a su cargo”.
El fiscal puso de relieve que la consecuencia de esta maniobra fue la afectación a la integridad y la disponibilidad del sistema de gestión porque, al mes siguiente, cuando el personal administrativo se dispuso a efectuar la liquidación de haberes, constató desequilibrios en los montos de los sueldos.
La investigación
De acuerdo con los testimonios recogidos en la investigación, cuando el personal se dispuso a practicar la liquidación de haberes el 29 de noviembre de 2023 corroboró alteraciones en las fórmulas de liquidación de algunos conceptos de los sueldos. Una de los empleados detectó una fórmula modificada, en la que se había eliminado una variable de división por cien, junto con otra modificación a la fórmula de cálculo de antigüedad.
El personal administrativo señaló que las modificaciones a esas dos fórmulas habían sido realizadas el 31 de octubre de 2023 por el usuario “Claudia”, perteneciente a Claudia Grando, por entonces secretaria de Hacienda de la casa de altos estudios, dos días antes de que asumieran las nuevas autoridades de la universidad y se dieran de baja los usuarios anteriores.
En efecto, en el marco de una actuación administrativa la institución académica dio intervención a una empresa privada para que elaborara un informe sobre el siniestro informático, que arrojó como resultado que desde aquel usuario se habían realizado operaciones en breves periodos para cambiar las fórmulas relacionadas al cálculo de sueldo básico y de antigüedad no docente de manera premeditada.
Cuando el caso se judicializó, el fiscal Baquioni Zingaretti peticionó el secuestro de la computadora y de los dispositivos informáticos que Grando tenía asignados en la unidad académica para que fueran peritados por el Laboratorio de Análisis Técnico de Informática de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación.
“Estos registros y el análisis de causalidad nos permiten determinar que el usuario ‘Claudia’ operativizó una estrategia para modificar efectivamente la liquidación de haberes aumentando 100 (cien) veces el valor correspondiente al sueldo básico para la categoría 6, desplegando la maniobra el día 31/10/2023, siendo corregido el mes próximo por el usuario ‘mvallejos’. Esta información puede ser confirmada tanto desde el lado del ‘servidor’ como desde el lado del ‘cliente’ (usuario Unvime – ClaudiaG), analizando el equipo informático y la imagen forense asociada”, concluyó la oficina forense del MPF en el dictamen pericial.
Fuero: Penal,
Tribunal: Fiscalía Federal de Villa Mercedes,
Voces: ex funcionaria, ataque, sistema informático, alteración, liquidación de haberes, daño informático, abuso de autoridad, investigación,
Fuente: fiscales.gob.ar
