En la provincia de Jujuy, un proyecto de ley busca poner en agenda la responsabilidad política frente al descreimiento generalizados de la población para con los políticos. Se prevé una pena de inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos
Un proyecto de ley sobre responsabilidad política fue presentado en la Legislatura de Jujuy a principio de este año para contrarrestar el “descreimiento generalizado que hay en la política y en los políticos”, quien por otro lado en los fundamentos del mismo expresa que tiene por finalidad buscar transparencia en lo que respecta a las propuestas elaboradas por quienes detenten en calidad de candidatos a cargos electivos en todo el territorio de esa provincia.
La idea general es evitar que “las propuestas de campaña queden solo en meras elocuciones con la finalidad de obtener los votos necesarios para llegar a ocupar cargos electivos, sino que las mismas se lleven delante de manera tal que la sociedad en su conjunto no se vea menoscabada en la confianza que depositan a la hora de elegir a sus representantes”.
Una vez electos los candidatos deberán poner en funcionamiento lo dispuesto en sus respectivas plataformas electorales, bajo pena ante su incumplimiento de quedar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de 10 años, el cual se contará a partir de la fecha de finalización de su mandato
En concreto busca modificar el art. 39 del Código Electoral de la provincia de Jujuy (ley 4164) que dispone que los candidatos deberán presentar nota de aceptación del cargo ante el Tribunal Electoral y de solidaridad con la plataforma electoral y programa político de su partido, acompañada de un programa que contenga las líneas de acciones de base temporizadas según la duración del cargo al que aspiran, la cual tendrá carácter de declaración jurada.
Continúa remarcando que “Una vez electos los candidatos deberán poner en funcionamiento lo dispuesto en sus respectivas plataformas electorales, bajo pena ante su incumplimiento de quedar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de 10 años, el cual se contará a partir de la fecha de finalización de su mandato”.
Agrega que será el Tribunal Electoral Permanente de la provincia el que reciba los informes anuales que tendrán carácter de declaración jurada y se procederá a controlar el trabajo realizado y la plataforma electoral oportunamente presentada, procediendo ese órgano en su caso a aplicar las sanciones correspondientes al final del mandato.
Si bien el proyecto ya había sido presentado anteriormente por la legisladora en 2019, 2021 y 2022, volvió a “insistir” tras alegar que estaba convencida de que la modificación sería beneficiosa para los jujeños al incorporar un manto de transparencia y responsabilidad en la dirigencia política.
