Según se pudo acreditar, la banda funcionaba bajo un esquema de distribución de tareas y mediante la intervención de “satélites” y “custodios” quienes daban aviso de los movimientos de las fuerzas de seguridad con el objetivo de continuar con la comercialización. La causa comenzó tras una denuncia de la PROCUNAR.
El Tribunal Oral Criminal Federal N° 4 de San Martín condenó a penas que van de los 3 a los 9 años de prisión a 10 personas por integrar una organización que se dedicaba al comercio de estupefacientes en la zona norte del gran Buenos Aires, desde una fecha indeterminada hasta el 2 de febrero del 2022. En el debate, intervino el fiscal general Carlos Cearras, en representación de la Fiscalía Nº 4 ante los TOCF de aquella jurisdicción.
El tribunal -integrado por la jueza Nada Flores Vega y los jueces Esteban Rodriguez Eguers y Matías Manccini- consideró acreditada la responsabilidad de Joaquín Aquino, Belén Aldana Benítez, Claudio Hernán Cisneros, Marcelo Humberto González, Lucas Nahuel Herrera, Alberto Ramón Medina, Marcelo David Acanuhe, Julio César Ferrari, Marcelo Julio Masimelli y Mónica Altamirano dentro de la estructura narcocriminal que operaba con distintos alcances en los asentamientos «Sarmiento», «Loyola» y «18» del partido de San Martín.
Los magistrados consideraron a Aquino como el organizador de la organización y le fijaron 9 años de prisión mientras que a González y a Herrera los condenaron a ocho años. Además, establecieron condenas de siete años de prisión para Cisneros y Medina y de seis años y nueve meses para Benítez. Por último, fijaron una pena de cuatro años años de prisión para Ferrari y de tres años para Acanuhe, Masimelli y Altamirano.
El caso
De acuerdo a la acusación, la banda funcionaba mediante la intervención de “satélites” y “custodios” quienes dificultaban las tareas preventoras y daban aviso de los movimientos de las fuerzas de seguridad. En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que «a partir de la información que se fue colectando a través de tareas de visualización, seguimientos, fotografías, entrevistas y obtención de elementos de prueba, se logró establecer la existencia de domicilios y personas que se dedicaban de forma organizada al comercio de drogas al por menor».
Resaltó, además, que la investigación fue iniciada tras una denunciada realizada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, que daba cuenta de las actividades de comercialización de estupefacientes. En aquella presentación, se volcaron los resultados de un trabajo de campo que realizó la Dirección Descentralizada de Investigaciones contra el crimen organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Tras una serie de allanamientos a comienzos de 2022, a la organización -integrada también por varias personas que aún no han sido identificadas- se le secuestraron un kilo de clorhidrato de cocaína, 200 gramos de marihuana y armas de fuego. En el alegato, se resaltó que los manejos de la estructura narcocriminal pudieron ser probados también a través de múltiples informes de inteligencia emitidos por la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la policía provincial.
En relación a las funciones de los acusados, el Tribunal consideró que quedó probada la responsabilidad de Aquino como organizador de la comercialización, además de operar como recaudador y distribuidor del material estupefaciente en los distintos puntos de venta. En tanto, Benítez -pareja de Aquino- prestaba colaboración en las tareas de distribución.
Por su parte Medina, Altamirano, Herrera, Canhue, Massimelli, Ferrari, Cisneros y González llevaban adelante múltiples tareas relativas a la logística que incluían transporte, distribución, almacenamiento y control de los puntos de venta.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral Criminal Federal N° 4 de San Martín,
Voces: condena, prisión, delito, comercio de estupefacientes, crimen organizado, investigación,
Fuente; fiscales.gob.ar
