El fallo resaltó el principio constitucional de que los magistrados no pueden ser demandados por sus sentencias.
En la investigación del escándalo de las expropiaciones, que consistió en una presunta red integrada por abogados, jueces y exfuncionarios que habrían inflado el valor de los terrenos que adquiría el Estado para quedarse con millonarios fondos públicos, hubo una fuerte embestida contra quien conducía el Cuarto Juzgado Civil, Roberto Pagés, hoy camarista. El entonces fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis (actualmente cortista), lo demandó para recuperar lo que se había pagado en la expropiación de un inmueble para la construcción del Dique Cuesta del Viento, en Iglesia, debido a su supuesta responsabilidad y consentimiento en una maniobra ilegal. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Civil rechazó el planteo indemnizatorio, ya que, en líneas generales, sostuvo que los jueces «no pueden ser demandados por el contenido de sus sentencias, salvo que una ley especial disponga lo contrario». Y, si no hay una norma especial en ese sentido, no se puede vulnerar ese principio constitucional.
De esa manera, el camarista Juan Jesús Romero y sus colegas María Josefina Nacif y Sergio Rodríguez confirmaron el rechazo que ya se había dado en primera instancia. La sentencia salió el martes y Fiscalía de Estado, hoy a cargo de Jorge Alvo, puede ir a la Corte de Justicia para revertirla. A su vez, la megacausa de las expropiaciones se encuentra en pleno desarrollo del juicio (ver El juicio ya…).
En su entonces rol de juez del Cuarto Civil, Pagés resolvió el pago de la expropiación de un inmueble en Iglesia bajo la carátula «Luna, Benito Ricardo». De acuerdo al expediente, el magistrado se basó en el precio que fijó el Tribunal de Tasaciones, el que, a su vez, cambió su mecanismo de valuación, dado que tasó el terreno como urbano y no como rural, que es la característica que tenía, lo que elevó considerablemente el monto.
Pagés no fue denunciado, a diferencia de los exjueces civiles Carlos Macchi (destituido) y Rosalba Marún (se jubiló y falleció en julio de 2021), aunque sí fue demandado. Según el planteo, en la maniobra defraudatoria estaba involucrado el abogado de Fiscalía de Estado Norberto Baistrocchi (fallecido), «con la connivencia de Santiago Graffigna (el principal sospechoso de liderar la presunta asociación ilícita), que contó con la aquiescencia del entonces titular del 4º Juzgado Civil, produciendo una sentencia millonaria sin justificación alguna».
El 8 de agosto de 2022, la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, rechazó la demanda, por lo que Fiscalía de Estado apeló. Así, la Sala IV ratificó el fallo. En su voto, el camarista Romero sostuvo que, «a los fines de hacer operativa la responsabilidad (…) inherente a todos los funcionarios públicos (tal cual fue la postura del organismo para embestir contra Pagés), los magistrados en funciones deben ser previamente removidos de su cargo», lo que se hace con un jury de enjuiciamiento y que no se produjo. En su momento, De Sanctis dijo que el fallo de Pagés fue como «abrir las puertas del infierno». Romero tomó esa frase y señaló que «el verdadero portal del infierno no se abre cuando un juez de primera instancia resuelve un proceso judicial de determinada manera, por errado que se lo considere. Muy por el contrario, ello acontecería si se permite que cualquier magistrado pueda ser demandado por sus decisiones jurisdiccionales, en flagrante violación a la prohibición contenida en el artículo 200 de la Constitución».
Argumentos
El camarista Romero destacó que «la imposibilidad de demandar a los jueces por el contenido de sus sentencias (…) tiene por objeto garantizar la independencia de criterio y ecuanimidad». Además, destacó que argumentos de la apelación «no deja de ser una disidencia de carácter meramente académica».
> El juicio ya acumula ocho meses
El juicio por la megacausa de las expropiaciones tuvo su última audiencia el pasado miércoles y se reanudará el viernes de la semana que viene. Así, ya acumula ocho meses, en los que han pasado unos 25 testigos y aún restan 45. En el caso, está procesado Santiago Graffigna como presunto organizador de una asociación ilícita. En la mira también aparece su exsocio Horacio Alday, el ex juez civil Carlos Macchi, exmiembros del Tribunal de Tasaciones (Julio Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera), el exfuncionario de la Secretaría de Recursos Hídricos, Néstor Adán Ruiz; el exfiscal de Estado, Mario Díaz, los peritos que trabajaron para Graffigna (Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga), y la experito de Fiscalía de Estado, Ana María Melvin.
El expediente contempla cuatro procesamientos (resueltos por diferentes jueces), los que contemplan las causas denominadas «Cuesta del Viento», «Parque de Mayo», Canal Playas (Benavídez), «Ruiz, Guillermo», «Basañez, Luis» y «Herrería». En todos los casos se vislumbra la misma mecánica: una presunta connivencia entre todos los actores para sacarle plata al Estado, cuando este llevaba a cabo expropiaciones de inmuebles. De acuerdo a las constancias, se pagaron 42 millones de pesos y, a través de una medida cautelar que pidió Fiscalía de Estado, se frenó el desembolso de poco más de 1.600 millones de pesos.
Fuero: Civil
Tribunal: Cámara Civil de San Juan, Sala IV
Voces: juicio de expropiaciones, expropiación irregular, juez civil
Fuente: diariodecuyo
