El juez de Control Carlos Romero confirmó la elevación dispuesta por el fiscal Guillermo González. El gremio decide si apelan la resolución o si van a debate oral.
Al confirmar el requerimiento del fiscal Guillermo González, el juez de Control y Faltas Nº 8 Carlos María Romero elevó a juicio la causa en contra del extitular del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) Osvaldo Rubén Daniele (66) por el supuesto delito de incictación a la violencia colectiva. Ante esto, la defensa del gremialista anticipó a este diario que en la jornada de este jueves analizarán si van a apelar la decisión ante la Cámara de Acusación. El suceso analizado por la Justicia tiene que ver con expresiones de Daniele vertidas durante una asamblea del mediodía del 30 de mayo de 2017 en Caseros y La Cañada a la que asistieron unas 400 personas y en la cual habría incitado a los presentes a cometer actos violentos. La reunión gremial era convocada nada menos que por la reciente publicación de los datos personales de los empleados por parte del departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Córdoba. En su acusación, el fiscal González detalló que Daniele expresó «a viva voz» manifestaciones como: «Este intento por pisotear nuestra dignidad, este ataque a nuestra seguridad y la de nuestra familia; le prometo señor intendente (Ramón Mestre) que lo va a pagar muy caro”, o «lo están haciendo a propósito y vamos a hacer tronar el escarmiento, carajo”.
También se indica en la acusación que Daniele pronunció otras frases como: «En estos días señor intendente lo he visto suelto de cuerpo diría que casi con una sonrisa burlona, le prometo y lo juro acá que en unos meses se va a borrar la sonrisa y se va a cagar como se cagó otras veces, pidiendo que vayamos a solucionar los problemas de la ciudad”. Otra expresión atribuida al secretario general del Suoem, según se extrajo de los medios de comunicacióon sería: «En dos o tres meses esta ciudad va a ser un quilombo”.
La figura penal. Por esto, el fiscal González imputó a Daniele el supuesto delito de «incitación a la violencia colectiva». Según el Código Penal, esa figura se corresponde con el artículo 212 que dice: «Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”. En su requerimiento de elevación a juicio, el acusador sostuvo que es necesario «verificar si en el presente caso la conducta del imputado Daniele excedió la del natural ejercicio de una facultad conferida por la Constitución Nacional en la defensa de los intereses de sus defendidos, o bien, como creemos con el grado de probabilidad requerido en esta instancia procesal, vulnerando el límite lógico en ese ejercicio y alterando la paz social -incitando a la violencia- ha generado un pánico en el resto de los vecinos de la ciudad que ven de ese modo vulnerados sus propios derechos en este flagrante ataque el orden público». Pero, además de pedir el juicio, Gonzalez concede: «Creemos necesario un pronunciamiento jurisdiccional (del juez de Control) que supere la mera opinión de este (fiscal) representante del Ministerio Público, resuelva la situación particular del imputado Daniele y también represente un mensaje ejemplificador hacia una sociedad que se encuentra atravesada por la violencia».
El juez confirma. El defensor Félix López Amaya, había pedido al juez de Control que intervenga. Carlos Romero rechazó los argumentos por los que se agravió el gremialista, confirmó lo actuado por González y este martes citó a juicio a Daniele. En su razonamiento, el magistrado da por esclarecida la existencia material del hecho y también afirma la tipicidad de este particular delito. Tras ratificar el «carácter público» de las declaraciones del extitular del Suoem, Romero dice en su resolución 343: «Entiendo que la conducta asumida por el imputado Daniele excedió ampliamente la mera participación en una asamblea informativa sobre las medidas gremiales de acción directa a seguir e implicó la afectación ostensible del orden público, al haber proferido expresiones verbales con eficacia para incitar a la violencia colectiva; máxime cuando existía un estado de descontento y malestar de los trabajadores municipales ante la publicación de sus datos personales y de sus salarios». El juez de Control 8 agrega: «Ese modo de actuar, evidenció una actitud de desprecio frente a la ley, así como de desdén respecto al derecho de los ciudadanos de Córdoba a la preservación de la tranquilidad pública». Para fundar el rechazo al recurso, la resolución de Control sostiene: «Todo lo expuesto demuestra la idoneidad de las palabras de Daniele para generar el peligro requerido por el tipo penal (siendo indiferente la actitud posterior que los receptores asumieran) y determina que en el caso concreto no se encuentre amparado por las garantías constitucionales invocadas por su defensor».
El gremio decide. «En realidad, todavía no lo hemos decidido voy a hablar con Daniele. Pero, como abogado, siempre pienso en la apelación porque, sigo insistiendo, (esta) es una cuestión de derecho constitucional y no penal», señalaba anoche el defensor López Amaya a La Voz. Mäs tarde, en otra comunicación el abogado anticipó que Daniele le manifestó que este jueves analizarán si van a recurrir la resolución de Romero. En cuanto al hecho en sí, López Amaya dijo que la elevación es «más de lo mismo» de lo manifestado por el fiscal Gonzalez. «Entiendo que los dichos (de Daniele) no han sido probados» por los organismos correspondientes de la Policía Judicial, sostuvo, y añadió que hasta ahora se han valido por los audios de los medios de comunicación. «El discurso de Daniele que se criminaliza no ha sido probado, más allá de lo que pueda suceder con todas las cuestiones técnico procesales», añadió el letrado. Para López Amaya el caso es digno de análisis del derecho constitucional, por estar en juego la libertad sindical y la libertad de expresión. Para él, no se puso en peligro a la ciudadanía ni a los vecinos. El abogado sostiene que «frente a la arbitrariedad de la publicidad de los datos de los trabajadores municipales, se motivó la asamblea» y que con esta causa judicial «se criminaliza no sólo la protesta sino también la palabra, el discurso gremial».
Fuente: La Voz
