El fiscal federal Carlos Stornelli pidió enviar a juicio oral a cinco de los acusados en la causa en la cual se investiga una millonaria malversación de fondos en la reactivación de la mina de Río Turbio.
Se trata de la pesquisa que comanda el juez Luis Rodríguez, en virtud de la cual está preso el ex ministro de Planificación, Julio de Vido. Stornelli se concentró en el tramo del expediente que indaga sobre presuntos pagos injustificados a la empresa Fainser SA, días antes de que el anterior Gobierno dejara el poder. Según se destacó, la apoderada legal de la compañía en ese momento era Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta Cristina Fermández. En su dictamen, el agente consideró cierto y probado que Atanacio Pérez Osuna -en su calidad de interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)-; Miguel Ángel Larregina (coordinador General de YCRT); Juan Vargas (asesor de la intervención); Horacio Mazu (intendente de la localidad) y Juan Carlos Lascurain (presidente de la firma Fainser SA) tomaron parte, respectivamente, en la sustracción de fondos públicos de la empresa YCRT y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos. Según se estima, se desviaron 50 millones de pesos, que salieron de los fondos de YCRT con el aval de la municipalidad sin justificación o causa jurídica alguna con destino a Fainser SA, mediante el pago de tres cheques: dos librados el 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015. Stornelli acusó a los encartados del delito de peculado. A Pérez Osuna -que está detenido- lo acusa de ser autor material del delito y al resto de partícipes necesarios.
Fuente: Comercio y Justicia
