El mismo día y a la misma hora en que el presidente Alberto Fernández daba su discurso frente a diputados y senadores en el Congreso, y decía que durante su gobierno no iban a permitir actos discriminatorios de todas las identidades, los jueces de Cámara Carlos Bellucci, Carlos Carranza Casares y Gastón Polo Olivera revocaron la sentencia de la jueza Myriam Cataldi que había dado lugar al pedido de la docente y activista Lara Bertolini donde pedía anotar en su partida de nacimiento y en su DNI el género con el que se autopercibe: femineidad travesti.
La Cámara, en cambio, dio lugar al pedido de Registro Nacional de las Personas (RENAPER) donde expresaba que no podía cumplir con esa sentencia porque no estaba autorizado a poner otro género que no sea el femenino o el masculino.
“Me siento devastada, otra vez nos invisibilizan, otra vez marginada”, dice Lara Bertolini, y agrega que cree que es un acto político-jurídico en contra del actual gobierno.
La doctora feminista Marisa Herrera considera que “Lara tuvo mala suerte porque le tocó una sala conservadora, donde además dictaminan tres hombres”. Herrera considera que se pueden tener leyes de avanzada, pero que “si los jueces no están capacitados y son unos retrógrados que las interpretan mal no sirven de nada”. Por eso, resaltala la importancia de la ley de paridad en la Justicia y las capacitaciones que que deben activarse según la Ley Micaela.
Herrera, además, considera que el fallo tienen errores jurídicos groseros porque omite consideraciones centrales de la Opinión Consultiva nro.24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se dedica al tema identidad de género. Allí se señala “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales».
Así se define a la identidad de género por la máxima instancia regional dedicada a los derechos humanos de aplicación obligatoria para los jueces, en los mismos términos que lo hace la ley 26.743 de identidad de género, es decir, de manera amplia y saliéndose, justamente, de la noción limitada que encierra el binarismo de hombre-mujer, adoptándose un concepto más amplio y superador como es el de “identidad autopercibida”.
Además, Herrera señala que los jueces tampoco tuvieron en cuenta que el Registro Civil en Mendoza aprobó en 2018 que en el documento de identidad de Gerónimo Carolina González Devesa no diga ni masculino ni femenino. Esa solicitud fue respaldada por la Corte Suprema de esa provincia.
“Los jueces sin formación desconocen estas temáticas más contemporáneas y no pueden salirse del binarismo”, dice Herrera.
Lara Bertolini asegura que presentará un recurso extraordinario para que la conversación siga en la Corte Suprema. “Tenemos jueces y fiscales que no tienen capacitación mínima sobre los derechos de las poblaciones vulneradas, en este caso no incluyeron las Cien reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia, a las cuales el Estado argentino adhirió. No pueden abrigar solo lo que dice la letra de la ley, deben incluir los tratados internacionales”.
Para concluir, Bertolini toma la idea de la filósofa Hannah Arendt y dice: «Las travestis somos apátridas identitarias, no tenemos la posibilidad de ser personas reconocidas por un Estado. Nos quieren seguir construyendo como criminales identitarias».
Fuente: Clarín
