La causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 1989 entró en su última etapa.
Finalizaron los alegatos de las querellas, el 1 de abril será el turno de la defensa de los militares. «Señora de ojos vendados que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales. Quítate la venda y mira cuánta mentira. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza a los justos humillados no les robes la esperanza. Dales la razón y llora porque ya es hora». Con estas palabras de la Oración a la justicia de María Elena Walsh y la imagen de los cuatro desaparecidos del Movimiento Todos por la Patria culminaron los alegatos de las partes acusadoras en el juicio por el asesinato de uno de ellos, José Díaz. La querella y la fiscalía coincidieron en pedir prisión perpetua para el ex general Alfredo Arrillaga, como autor mediato de homicidio con alevosía de José Alejandro Díaz, en el marco del primer juicio por la represión contra los y las militantes que intentaron tomar el RIM 3 de La Tablada en 1989. «No fueron en vano tantos años de lucha por mantener la causa abierta hasta conseguir su imprescriptibilidad por haber sido una violación a los derechos humanos la recuperación del cuartel de La Tablada», dijo a Página/12 la abogada Liliana Mazea, que acompañó desde el inicio a los familiares de las víctimas.
El 1 de abril será el alegato de la defensa y el 12 el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín emitirá su veredicto. «En el juicio se probaron todas las denuncias que se vienen sosteniendo desde aquel 23 de enero del ’89, hay cuatro desaparecidos que estaban con vida al momento de la rendición y mediante una trama de complicidades políticas, judiciales y militares se quiso ocultar. Pero hubo varios militares retirados que reconocieron que en los testimonios de esa época mintieron por órdenes de sus superiores para encubrir estos crímenes de Estado», describió Mazea. «Se utilizó la misma metodología de la dictadura, y hoy está en juicio quien comandó la recuperación del cuartel, el general Alfredo Arrillaga, por una sola víctima, José Díaz, pero esperamos que haya una sentencia condenatoria que nos permitirá indagar a más responsables por las demás víctimas», agregó. En su alegato, Mazea había citado a Pablo Neruda: «Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo». Aunque coincidieron en el pedido de pena, la querella dio un paso más: consideró a Arrillaga coautor del hecho, pidió cárcel común y una serie de “reparaciones”, entre ellas el pedido para que el Estado financie la realización de un audiovisual que desande el camino cultural que llevó a la demonización de quienes en realidad sufrieron “un crimen de Estado dentro del estado de derecho”, tal como reflejó la cobertura de Diario del Juicio.
Tras las intervenciones de los abogados Pablo Llonto y Liliana Mazea, hizo uso de la palabra Ernesto “Coco” Lombardi, otro de los miembros del equipo querellante, quien enumeró «38 afirmaciones que son los hechos totalmente acreditados». Todo comenzó cuando un grupo del Movimiento Todos por la Patria ingresó a La Tablada con la convicción de impedir nuevos alzamientos militares, entre esos militantes ingresó José Alejandro Díaz, de 29 años. La clave para identificarlo fue la vincha que cubría la herida que recibió en la cabeza, porque así se lo ve en fotos y filmaciones. Junto con él, en la guardia, estaban otros 10 militantes del MTP, tres soldados y tres desertores. «Desde un primer momento las fuerzas de Arrillaga supieron que había conscriptos y desertores allí. La orden era no dejar a ningún militante del MTP con vida», indicó Lombardi. El abogado describió que el plan criminal estaba en marcha porque «las personas dentro de la guardia no podían salir por las balas, y se encontraban condenadas a morir en su interior por el fuego. Algunos fortuitamente lograron hacer ceder un barrote y escaparon, no corrieron la misma suerte los heridos, quienes murieron allí calcinados». Lombardi mencionó que «los soldados y desertores que logran escapar de la guardia se identifican con Carlos Naselli (primer uniformado con el que entran en contacto) y señalan como atacantes a Ivan y José». Iván Ruiz y José Díaz fueron sometidos a interrogatorio bajo tortura en los fondos del cuartel, por el teniente Jorge Varando, entre otros, luego fueron trasladados al puesto de comando de Arrillaga donde los volvieron a torturar y los sacaron del cuartel en un Ford Falcon blanco. «Esa fue la última vez que se los vio con vida, fueron asesinados y sus cuerpos posteriormente desaparecidos», afirmó Lombardi, que también consideró probadas por los testimonios las desapariciones de Samojedny y Provenzano.
Para garantizar la impunidad y el silencio Arrillaga alteró las circunstancias de la muerte del militar Ricardo Esquivel, pero su falsa coartada quedó desarticulada durante el juicio cuando el ambulanciero César Quiroga admitió que había sido obligado a mentir 30 años atrás, en el juzgado de Gerardo Larrambebere y con el joven secretario Alberto Nisman tomando las declaraciones falsas. «Mandémoslo a un lugar con todo lo que él requiera para tratarse si en algún momento tiene un problema, pero que también tenga la oportunidad de arrepentirse. Porque a esta edad, cuando realmente tenga tiempo de pensar y darse cuenta de que la sociedad lo ha condenado y mandado tras las rejas, tiene la oportunidad de decir: ‘y bueno… si total, esta medalla no es una medalla, es algo realmente muy triste, les voy a decir a las víctimas dónde escondí el cuerpo'», sugirió Lombardi en la fundamentación de su pedido de prisión perpetua y efectiva.
Fuente: Pagina 12
