Los jueces del Tribunal Superior ya se anotaron para donar parte de sus dietas y aseguran que los jueces inferiores los seguirán. Evitarán expresiones que los auto marginen de futuras causas contra el ajuste y esperan que el Ejecutivo presente su proyecto de ajuste.
La acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde los miembros del máximo tribunal del país anunciaron que donarán el 25% de sus sueldos a instituciones de salud para colaborar con la lucha contra la pandemia del coronavirus agitó las aguas del Poder de Judicial de Córdoba más de lo que ya estaban. En el Palacio de Tribunales y concretamente en el Tribunal Superior de Justicia aguardan que el gobierno de Córdoba oficialice mediante un proyecto de ley el recorte salarial del 30 o 35% para los salarios más altos del Estado, y los alcances del mismo. Si incluye a los jueces apelando a la emergencia sanitaria, si los invita a sumarse o si, en función del artículo 154 de la Constitución Provincial (que establece que los salarios de los jueces se determinan por ley y no se pueden disminuir) los deja al margen del ajuste, son algunas de las preguntas que esperan respuesta.
En la Provincia, en cambio, esperan la iniciativa del TSJ sobre la medida de excepción, como lo hizo la Legislatura que anunció su propio recorte salarial. Pero según pudo saber este diario, los supremos cordobeses quieren evitar dar pasos que los dejen en situación de apartamiento cuando comiencen los recursos judiciales contra el recorte, ya sea de empleados del Ejecutivo, del Legislativo o de propios jueces, si se llega al caso.
Esta cautela incluye hasta el texto de una eventual acordada o comunicado público sobre el tema. Aseguran que cualquier palabra que sugiera o avale el ajuste de las dietas, o adelante algún tipo de opinión, podría dejarlos en offside ante los sagaces abogados de la matrícula. Aun invocando la crisis.
En tal sentido, uno de los jueces del TSJ que habló con Alfil deslizó que la acordada de la Corte Suprema, que no invitó al resto de los jueces nacionales a adoptar la misma medida, dejó a los cortesanos en condiciones de objeción. “Los jueces somos los que interpretamos la constitucionalidad o no de una acción, y la ciudadanía necesita que podamos ejercer ese rol, aun en la emergencia”, sintetizó el funcionario.
Mientras tanto, en el TSJ avanzan con el aporte voluntario que impulsó la Asociación de Magistrados. Por ley, las donaciones son voluntarias, individuales y revocables en el momento que la persona desee. Además, permiten desgravar impuestos.
En las próximas horas, la entidad que preside el camarista Luis Paoloni contará con el número del CBU de la Cuenta Corriente del Banco de Córdoba donde recibirá las donaciones de los funcionarios del Poder Judicial, que serán destinadas al Ministerio de la Salud de la Provincia. Según supo este diario, los siete miembros del Tribunal Superior se mostraron dispuestos a donar, pero con matices. Por ejemplo, María de las Mercedes Blanc de Arabel, Aída Tarditti y Luis Rubio ya le habrían adelantado a Paoloni su decisión de donar.
La cuestión del anonimato de la donación es importante para algunos, y no todos coinciden. Los supremos nacionales informaron públicamente porcentaje y destino, lo cual para algunos tiene los riesgos de “adelantamiento de opinión” ya mencionados.
Otros aseguran que no informarán sobre su cesión porque se trata de una cuestión personalísima que no admite prensa. Que tu mano izquierda no sepa lo que entrega tu otra mano, recitó bíblicamente une.
Por lo demás, no todos los supremos canalizarán su aporte voluntario a través de la Asociación de Magistrados; algunos lo harán directamente a organizaciones vinculadas a la lucha contra la pandemia. Este diario no pudo conocer los porcentajes del haber a donar, aunque uno sostuvo que hará un “aporte generoso”.
Hacia abajo, una de las fuentes que habló con este diario calculó que casi el 50 por ciento de los jueces y camaristas (no mencionó secretarios ni prosecretarios) está dispuesto a ceder una fracción para la causa. Según Paoloni, serán más.
Como se dijo arriba, en Tribunales esperan definiciones del Ejecutivo.
Se sabe que la rebaja será de entre el 30 y el 35% para los sueldos más altos del Estado provincial, que aplicará a partir del salario de abril y que no afectará a áreas como salud y seguridad.
Un sector del TSJ considera posible que el Ejecutivo avance con una ley que, invocando la emergencia sanitaria, aplique un recorte en los salarios de los funcionarios judiciales. “Si la decisión del Ejecutivo es fijar una nueva remuneración, debería ser por ley porque el cálculo de los haberes es por ley. Pero es un tema del Ejecutivo y del Legislativo; en la sanción de las leyes nosotros no tenemos nada que ver”, acotó un magistrado.
Otro aseguró que no puede haber descuento compulsivo por ley sino, en todo caso, un pedido de acompañamiento a los jueces en el aporte para enfrentar la crisis, que en todo caso se estaría cumpliendo a través de las donaciones, interpretó.
“Es muy complicado que se hagan recortes por ley, hay mucha jurisprudencia en contra”, destacó. Este juez admitió que la incertidumbre sobre los alcances del recorte hace que funcionarios de menor rango esperen tener mayor información para formalizar sus donaciones.
Aunque no lo mencionó, cabe recordar que cuando el exgobernador Ramón Mestre y el gobernador Juan Schiaretti modificaron el cálculo de las jubilaciones de la Caja provincial, los primeros en presentar acciones de amparos fueron los jueces.
Fuente: Alfil
