En enero de 2018, el encartado, tío abuelo de la joven, fue procesado por dos agresiones, ocurridas en 2009 y 2012.
Luego, la Cámara lo Criminal y Correccional lo sobreseyó por el primer episodio. El Área de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, representada por María Piqué, le solicitó a los jueces del tribunal que no prescriba un hecho de abuso sexual infantil ocurrido en 2009. En la audiencia estuvo presente la presunta víctima, quien habló ante los magistrados Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morin y Horacio Dias. En enero de 2018, el juez Roberto Ponce procesó al encartado, tío abuelo de la joven, por dos agresiones, ocurridas en 2009 y 2012. Poco después, por mayoría, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional consideró que el primer de hecho estaba prescripto. Contra esa decisión, el titular de la Fiscalía General Número 3 ante la Cámara Nacional de Apelaciones presentó un recurso ante la Casación Nacional para que revocara ese decisorio.
El agente Mauricio Viera recordó la vigencia de la Convención de los Derechos de Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer al momento del primer hecho y consideró que existía la posibilidad de que el Estado incurra en responsabilidad internacional por no brindar tutela judicial efectiva. “Frente al reclamo sobre la necesidad de obtener demostraciones concretas en cada caso y evitar formulaciones genéricas que conduzcan a la imprescriptibilidad de todo delito de abuso sexual no denunciado, se ha señalado que debe atenderse a los niños víctimas en especial situación de desprotección y vulnerabilidad donde quienes deben resguardarlos y de quienes esperan auxilio y cuidado se convierten en victimarios, circunstancias en las cuales el Estado debe subrogar aquel papel no cumplido por sus naturales protectores”, sostuvo. Además, recalcó que en el caso la víctima estaba en una grave situación de desprotección y vulnerabilidad por su condición de mujer, de niña y de sobrina nieta del imputado. Ante los jueces, la fiscal Piqué opinó que había un conflicto de derechos, subrayado que la Convención de los Derechos de Niño tiene jerarquía constitucional, al igual que la irretroactividad de la ley penal. En esa línea, recordó la ley 26705, de 2011 cambió los términos de prescripción en casos de abuso sexual infantil y destacó que el plazo comienza a correr desde el momento en que la víctima llega a la mayoría de edad.
Poqué estimó que los plazos de prescripción previos a 2011 eran un obstáculo para acceder a la Justicia y aclaró que no se solicitaba que las investigaciones duren para siempre, sino que se tomen en cuenta las posibilidades reales de las adolescentes para realizar denuncias. Bajo esa premisa, resaltó que cuando hay un conflicto de derechos y uno de ellos es el de un niño, niña o adolescente, hay que priorizar el interés del menor de edad, como lo ha señalado la Corte. Incluso, explicó que con la recalificación que hizo la Cámara del Crimen (de abuso sexual agravado a simple), el primero suceso prescribió cuando la víctima aún era menor. Falencia estatal Piqué opinó que no haber reformado el plazo de prescripción de los delitos contra la integridad sexual de los menores desde el momento en que se le dio jerarquía constitucional a la convención fue una “falencia estatal”. Luego de la exposición de la defensa, habló la víctima, quien relató que carecía de un espacio en el cual pudieran explicarle que lo que había vivido era un abuso sexual. “No tuve las herramientas para poder hacer la denuncia”, dijo, y agregó: “Por vergüenza, por miedo a la humillación o al dolor de la familia reprimí lo más que pude lo que pasó y no lo conté”.
En tanto, precisó que cuando tomó consciencia de lo sucedido y lo difundió se dio cuenta de la gravedad de la situación. “Es difícil entender que una persona que ves todos los días puede hacerte mal”, manifestó ante los jueces, reclamándoles que tengan en cuenta el estado psicológico y mental que atraviesa una persona abusada. Paralelamente, argumentó que en su caso hubo “una clara relación de poder”, porque su victimario es un familiar y una persona mucho mayor. “El Estado no me brindó un ambiente para que yo pueda hablar o para que me puedan enseñar que era un abuso sexual lo que me había sucedido”, concluyó.
Fuente: Comercio y Justicia
