El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires reclamó la aplicación integral de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, a un año de ser sancionada, y destacó la importancia del rol del Estado tanto en la implementación de la norma como «en el acceso a la información que debe garantizar a través de una política pública», se informó hoy.
La licenciada en Nutrición, Erica Bianquet, integrante del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, destacó que «algunos de los cambios que esta ley vino a modificar empezaron a verse hace dos meses con el etiquetado frontal de algunos productos alimenticios envasados en los que, a través de sellos octogonales negros, se advierte sobre el exceso de grasas, azúcares, sodio y calorías, cuyos valores máximos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud».
Sin embargo, advirtió que «hoy la implementación del etiquetado frontal se encuentra en una zona gris ya que algunas empresas pidieron un aplazamiento para la adecuación, que les fue concedida, pero se desconoce cuántas y cuáles empresas fueron beneficiadas».
«Se han presentado dos pedidos de acceso a la información y en ambos casos respondieron que esa información es confidencial. Así, la sociedad no sabe si los productos alimenticios no deben llevar los octógonos negros, o están alcanzados por la prórroga o, directamente, están incumpliendo la ley», señaló la nutricionista.
Para Bianquet, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, es una ley que contempla no solo el acceso a la salud sino también el acceso a la información. Es una ley que busca la ampliación de derechos». De esta manera, la búsqueda de la información no recae en la responsabilidad individual de las personas, sino que ahora forma parte del rol del Estado, a través de una política pública», agregó.
Además, «la ley tiene por objeto garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada y dar información nutricional clara, simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de las y los consumidores».
«Busca prevenir la malnutrición en la población y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles y advertir sobre los denominados ´nutrientes críticos´», precisó.
Fuente: comercio y justicia
