Internos en las distintas unidades penales de la provincia de Entre Ríos solicitaron que se los autorice a ser trasladados hasta el Correo Argentino para cobrar el cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Sin embargo, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Nº1 de Paraná rechazó este pedido.
La jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, dispuso la prohibición absoluta de traslados de los internos penados al Correo Argentino o a cualquier otra entidad o institución para percibir el cobro del IFE. También resolvió la prohibición de ingreso a los establecimientos carcelarios de la provincia de personas dependientes del Correo Argentino u otra institución, que pretendan abonar a los penados dicha prestación.
La magistrada advirtió que “si bien podría en algunos casos considerarse o, incluso acreditarse, el cumplimiento de los requisitos establecidos para la percepción del IFE por parte de algún privado de libertad, no es menos cierto que resulta cuanto menos dudoso, toda vez que los internos no pueden justificar la pérdida o disminución de un ingreso que nunca tuvieron”.
Para la jueza, “no hay razón suficiente para autorizar los traslados de los internos penados a cargo del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad hasta las dependencias del Correo Argentino a percibir el IFE, con el riego de introducir el COVID-19 dentro de los establecimientos carcelarios de la provincia, como así tampoco para autorizar al personal del Correo Argentino a ingresar a las Unidades Penales de Entre Ríos”.
“(…) Si al IFE lo debe percibir solo un integrante del grupo familiar, no tiene sentido que sea precisamente el interno el titular de dicho beneficio, pudiendo erigirse cualquier otro miembro de la familia en beneficiario directo del IFE”, añadió.
Para la jueza, “no hay razón suficiente para autorizar los traslados de los internos penados a cargo del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad hasta las dependencias del Correo Argentino a percibir el IFE, con el riego de introducir el COVID-19 dentro de los establecimientos carcelarios de la provincia, como así tampoco para autorizar al personal del Correo Argentino a ingresar a las Unidades Penales de Entre Ríos”.
Y concluyó: “Entiendo que la situación planteada respecto del otorgamiento del IFE a los privados de libertad es irregular, en tanto estos sujetos se alojan en las unidades penales, es decir residen y se domicilian allí (…) hay que remarcar que la gran mayoría de los internos que solicitaron el traslado hasta el Correo Argentino para percibir el IFE no realizan ni han realizado activada productiva alguna dentro o fuera del establecimiento penitenciario. Entonces, mal puede haberse interrumpido dicha actividad productiva por el Aislamiento Social”.