El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró improcedente el recurso interpuesto por la defensa ratificando la condena de 8 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la sentencia de ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra el ex mandatario Rafael Correa, por el delito de cohecho agravado. Correa, junto a su ex vicepresidente, Jorge Glas y otros funcionarios públicos y empresarios ecuatorianos, fueron condenados por participar en una red de sobornos que implicaba haber recibido «aportes indebidos» para la financiación de su movimiento político Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
El caso es conocido como «Sobornos 2012-2016». El mismo inició a través de una investigación periodística en mayo del año 2019, la cual desencadenó en un proceso judicial contra los involucrados en las maniobras delictivas. Según la justicia, Rafael Correa y otros nueve altos funcionarios públicos y diez empresarios, exigieron cerca de ocho millones de dólares entre los años 2012 y 2016 a cambio de grandes obras de infraestructura pública. Dichos fondos se destinaron a financiar campañas políticas del partido Alianza País.
La ratificación del Tribunal, inhabilita a Correa a postularse a la vicepresidencia el 7 de febrero del año próximo, como lo había anunciado hace algunos días el partido Centro Democrático, como segundo de Andrés Arauz. En su cuenta de Twitter, el ex presidente de Ecuador entre los años 2007 y 2017, se mostró efusivo y provechoso de la situación, afirmando que se trata de una persecución política: “Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer”.
El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, es la última instancia judicial dentro de la justicia ecuatoriana. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, explicó que dicho Tribunal no puede realizar una nueva valorización de la prueba ni reexaminar los hechos escudriñados por la instancia anterior. Por tanto, los magistrados se han dedicado a examinar que no se hayan afectado derechos y garantías de los procesados. Los mismos, respecto a los recursos presentados por los condenados, determinaron que «no se ha atentado el derecho a la defensa de los procesados, no se ha alterado el bien jurídico protegido, sobre la base de lo precisado se determinó que son improcedentes».
Correa y su movimiento político actual, la Revolución Ciudadana, acusan a la Justicia ecuatoriana de una supuesta «politización» y de actuar bajo el influjo del Gobierno liderado por Moreno, quien fue su vicepresidente y correligionario, pero que se convirtió en uno de sus acérrimos críticos.
Lo cierto es que, el político de 57 años, quien reside en Bélgica desde su salida del gobierno, puede aún acudir a instancias internacionales, como lo viene asegurando su defensa. Pero la gran preocupación que rondaba al país y, especialmente, a Correa y su entorno, era la posibilidad de presentarse como candidato a vicepresidente en las próximas elecciones, hecho que deviene imposible, ya que, en los próximos días, se harán las presentaciones oficiales de los partidos políticos y sus fórmulas, negándosele así, toda posibilidad.
Fuente: Palabras de Derecho
