Ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que busca modificar varios artículos del Código Civil y Comercial, para permitir – en ciertas causales – la disolución del matrimonio a través un trámite administrativo.
El texto en cuestión estipula que el divorcio podrá decretarse administrativamente por autoridad u oficial público con facultades suficientes del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas cuando exista petición de ambos cónyuges.
Los cónyuges deben acreditar los siguientes requisitos: existencia de acuerdo entre las partes; que no existan hijos matrimoniales de la unión de ambos cónyuges; inexistencia de pretensión alimentaria y compensación económica entre los cónyuges, haciendo constar su renuncia expresa, manifiesta e inequívoca; inexistencia de bienes registrables comunes o gananciales; y que hubiesen optado por el régimen de separación de bienes.
Entre los fundamentos del proyecto que lleva la firma de la diputada de Chubut, María Eugenia Alianiello, (aunque el proyecto se presentó con otros cinco firmantes del mismo partido), reflexiona sobre la posibilidad de que se haga en sede administrativa por implicar -según expone- menos costos para los justiciables (aunque habla de la “posible aplicación de aranceles y tasas”). También hace mención a que no es la primera vez que se trata un proyecto de este tipo que anteriormente no han prosperado, aunque en otros países sí, como Rusia, México o Ucrania entre otros.
Fuente: comercio y justicia
