Un total de 19 expertos juristas del país de las principales universidades y organizaciones coincidió en señalar que no es viable la aprobación de cadena perpetua y más bien lo que se debe orientar para evitar esos delitos es la aplicación de una verdadera política de protección de los niños, niñas y adolescentes como de familia y no insistir con esas penas, ya que actualmente existen leyes que implican castigos de 40 a 60 años de prisión.
Los expertos abogados pese a que se pronunciaron rechazando de todo tajo los delitos sexuales contra los menores y que a los victimarios les caiga todo el peso de la justicia aplicando las normas actuales, indicaron, en audiencia pública virtual de la Comisión Primera, que la cadena perpetua es inconveniente por las consecuencias que traería para el sistema carcelario por los cuantiosos gastos que se suman a las fallas en el sistema de justicia, la impunidad e iría en otra de los tratados internacionales que Colombia ha suscrito en materia de protección a los derechos humanos.
Es imperante que antes de castigo se oriente en medidas especiales de prevención hacia los menores de edad y que se deben aplicar desde el interior de las familias con una política pública de protección y se orienten especialmente hacia las familias, ya que según estadísticas de Medina Legal, el 80% de los delitos se cometen por familiares, allegados, vecinos o amigos de las víctimas y de allí la prevención es vital como medida de protección de las niñas, niños y adolescentes.
Expresaron también su rechazo al proyecto al afirmar que de nada sirve la aplicación de penas con más años por delitos y como ejemplo señalaron lo que ha pasado en las décadas del 90, donde se endurecieron las penas para delitos de homicidio, secuestro y narcotráfico y las cifran aumentaron sin que sirviera para que se redujeran.
El delincuente sexual puede ser resocializado y en su calidad de persona, tiene derechos fundamentales que no se pueden vulnerar, la Constitución Política también los protege como seres vivos y se deben respetar, reiteraron, agregando que la actual situación carcelaria por las malas condiciones que existen, es otra pena que reciben de castigo.
Este tipo de pena es cruel, va contra la dignidad humana, es despiadado y arrastraría a otras víctimas que serían sus familias que también sufrirían por esa condición. También no es comprobable la reincidencia, ya que con las penas que están pagando, no existen pruebas empíricas que lo comprueben.
Estar en contra de la cadena perpetua para violadores de menores no es que se protejan a los autores de esos reprochables delitos, sino llamar la atención para que se adopten medidas especiales mediante una política pública de protección y no generar una inviabilidad constitucional e ir contra la protección de los derechos humanos y convenios en ese sentido que se han firmado con otros países y se crearía una confusión jurídica frente a la Constitución Política al momento de su aplicación frente a los derechos fundamentales de los colombianos.
Los delitos contra los menores no va a disminuir, lo que se debe aplicar es en la protección integral de los menores y con un efectivo sistema judicial mediante una verdadera investigación en los casos para que quien los comete sea castigado de manera rápida y efectiva, y bastaría con las penas que actualmente se aplican que son suficientes y cercana a la perpetua o de por vida, ya que no tienen beneficios para reducción de penas como sí existen para otros delitos.
Exposición de los juristas
Para el profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, Manuel Alejandro Iturralde Sánchez; el acto legislativo de cadena perpetua para violadores que está pendiente de su penúltimo debate en Comisión Primera de Senado, es innecesario, ineficaz, inadecuado y atenta contra los derechos constitucionales.
“No se puede gastar el tiempo del Congreso en una iniciativa que será declara inexequible en la Corte Constitucional. Es una propuesta inviable, porque puede llegar a ser sustitutiva de la Constitución. Eso es populismo punitivo”, dijo el profesor en derecho penal y criminología de la Universidad Javeriana, Norberto Hernández Jiménez sobre el proyecto de ley.
El profesor de psicología de la Universidad ICESI de la ciudad de Cali, Omar Alejandro Bravo dijo que la iniciativa afianza la teoría de las personas buenas y las personas malas. Considera el catedrático que no puede coger carrera de que los malos deben ser separados de la sociedad de forma permanente.
La directora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, Marcela Gutiérrez citando una investigación sobre la inviabilidad de la prisión perpetua, señaló que establecerla no disminuye el incremento de violaciones de niñas, niños y adolescentes. “No hay reparación de daño, no se protege y no se repara el bien jurídico”, destacó.
Por su parte, el exministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado afirmó que lo más más sensato es ocuparse en las causas para prevenir el delito. “Se está fallando con la educación sexual y la forma como familias de escasos recursos viven en hacinamiento y los llevan a compartir cama entre padres, hijos y demás parientes. El 83% de los delitos son cometidos por personas que hacen parte del entorno”, destacó el profesor del Universidad de los Andes.
El profesor de derecho penal, criminología e investigación política criminal, de la Universidad de Manizales, Luis Vélez Rodríguez dijo que las estadistas no tratan en su justa proporción los delitos de violación de menores de edad e inducen al error en el debate de cadena perpetua para violadores. El total de la delincuencia sexual no ronda el 2% y si se habla de delitos contra menores de edad, la prevalencia de estos delitos ronda el 1%. Concluye que la inactiva es contraproducente.
La académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Diana Arias, manifestó que la prisión permanente no solo priva de la libertad al reo, sin que es una pena corporal que cercena las capacidades psíquicas del reo como si fuera una mutilación. Sobre la propuesta de que la pena sea revisable es insuficiente para establecer su fin socializador.
Diana Restrepo Rodríguez, profesora de la Universidad de San Buenaventura de Cali, criticó el proyecto, porque va en vía la Constitución Política y los tratados internacionales contra la torturara y las penas degradantes. Destacó que la cadena perpetua es una pena que acaba con cualquier posibilidad de resocialización del delincuente.
La directora del Grupo de Investigación de la Universidad del Rosario, Mónica Mendoza, expresó que la iniciativa atenta contra principios de dignidad, libertad material y de la vida, porque la única manera de privar de la vida no es a través del homicidio. “Esta es una muerte del sujeto con esta medida y no hay posibilidad de resocialización”.
El abogado penalista Yesid Echeverry, coordinador del área de Derecho Penal de la Universidad ICESI de Cali, aseguró que el proyecto de cadena perpetua hace parte del populismo punitivo que hay en el país, porque las penas actuales son altas. “Me preocupa que hay la idea arraigada en ciertos sectores de creer que el aumento punitivo es la solución a los problemas penales en Colombia. Los problemas que tenemos nosotros y obedecen a falta de políticas sociales, intervención temprana y medidas para atacar el delito”.
Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas Colombia, dijo que la propuesta atenta contra la Constitución, los derechos humanos y compromisos internacionales. “No se pueden permitir reformas absurdas. Esta reforma bloquea lo que ha concedido el Código Penal. No se puede proteger al condenado con la cadena perpetua. Una medida como está acepta el fracaso de la resocialización en Colombia”.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, dijo que la cadena perpetua lleva al Estado a realizar una reforma integral a los sistemas procesal, penal, y ejecución de pena y se preguntó sí el país está en condición de realizar modificaciones al sistema. “Nos tocaría modificar el homicidio culposo y las lesiones culposas. Toda una nueva legislación”, advirtió.
Claudia Cardona, psicóloga de la Corporación Humana Mujeres Libres, aseguró que no hay garantías para una cadena perpetua y pidió un cambio estructural en las cárceles del país. “En la cárcel para mujeres de Bogotá, conocida como Buen Pastor, hay un hacinamiento del 70.3%. Falta suministro de agua potable. No hay servicio de salud, hay problemas con la alimentación, impera la corrupción y la falta de acceso a la justicia”, precisó la representante de las mujeres reclusas.
Ricardo Posada Maya, director del área de Derecho Penal de la Universidad de Los Andes manifestó que ni el incremento de las penas, ni hacer restrictiva la estructura de procedimiento han logrado desincentivar la criminalidad en el país. “Colombia es un país de delitos graves lamentablemente. La prisión perpetua es contraria al corazón constitucional y es una renuncia al trabajo alternativo, al mejor trabajo social y a las políticas públicas eficientes. El proyecto incumple el principio de precaución y confunde la resocialización de la pena”.
El abogado del área de incidencia nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, David Cruz, pidió al Congreso que no apruebe una iniciativa por considerarla anti técnica en favor de los niños que hayan tenido agresiones sexuales. “Tiene problema de viabilidad en términos de dignidad humana y mientras dura la revisión en la Corte Constitucional, los jueces tendrían una confusión jurídica”.
A su vez, el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez defendió a quienes han planteado la cadena perpetua y a los que expresan reparos, porque ambos están con la mejor intención. “No hay que satanizar a nadie. Unos y otros estamos con la idea de que hay sancionar de forma severa a quienes atentan contra niñas, niños y adolescentes. Aseguró que es equivocado el mensaje a los colombianos, que establecer la cadena perpetua disminuye los delitos a menores. “Si el aumento de pena fuera algo que generara disminución de la delincuencia, hoy los índices de criminalidad fueran muy bajos. Colombia en la región tiene las penas más altas de América Latina y Europa”.
El profesor Gerardo Barbosa, de la Universidad Externado de Colombia, dijo que la cadena perpetua podría tener efectos paradójicos de desprotección a los niños niñas y adolescentes. “Cuando el delincuente ya no tiene nada que perder, en el cálculo costo beneficio, establecerá que es mejor deshacerse de la niña o el niño violado. A través de incremento de pena desbordado podríamos estar incentivando la realización de nuevos delitos “, alertó.
Rodrigo Uprimny Yepes dijo que la audiencia pública de la Comisión Primera del Senado concluyó que han sido demoledora las críticas de todos los asistentes contra la cadena perpetua para violadores. “Quienes asistieron demostraron que esa propuesta no cumple el propósito, sino que genera problemas. No es disuasiva, no hay prueba que confirmen que quienes cometen crimines sexuales sean reincidentes. No hay nadie que defienda la cadena perpetua”
Senadores opinan
Aunque no se trató de un debate, sino de una audiencia pública para escuchar a los expertos juristas, los senadores al finalizar emitieron algunas opiniones al respecto.
“Estos conceptos que han emitidos los principales juristas del país nutren lo que será el debate del proyecto para el proyecto de cadena perpetua para violadores de menores, que se estará analizando próximamente y los invito para que nos acompañen en esa sesión”, expresó el congresista Roy Barreras (del partido de la U).
El legislador Rodrigo Lara (Cambio Radical), ponente del proyecto, manifestó: “Extraordinarios aportes han hecho los más destacados juristas que han asistido a la audiencia pública para emitir sus opiniones frente al proyecto de ley de cadena perpetua para violadores de menores y será un debate muy interesante pero se caerá en la Corte Constitucional”.
“Es un proyecto muy difícil el de la cadena perpetua para violadores y por la situación social, ya que la sociedad clama esa pena y el debate será complejo por lo sensible que es el tema”, señaló la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.
Es de señalar que si éste proyecto no se aprueba antes del 20 de junio se hundirá por tiempos. A la iniciativa le restan dos debates en la Comisión Primera y en la plenaria de esa corporación para su aprobación, pero si no pasa en sus ocho debates, se hundirá de nuevo en el Congreso de la República.
Vale la pena aclarar que la Constitución establece que este tipo de reformas solo pueden ser debatidas en sesiones ordinarias y en dos períodos consecutivos, por lo cual es imposible que pueda ser incluida en el decreto de sesiones extraordinarias que emitirá el Gobierno para que el Congreso se ponga al día en el trámite de los proyectos.
Fuente: DiarioLibertad
