El senador que integra la coalición oficialista de Uruguay Guido Manini Ríos presentó un proyecto en el Congreso para reinstalar la norma que impidió durante años enjuiciar a militares y policías por su rol en la dictadura. Juristas uruguayos advirtieron que el restablecimiento de la ley de Caducidad supondría una violación del derecho internacional ya que de aprobarse la propuesta el país “desacataría” la sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Gelman.
Esta sentencia obligó a Uruguay a juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad por considerar que la normativa “carecía de efectos jurídicos”.
La denominada Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989 y 2009, brindó durante años una amnistía a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y delegaba en el Gobierno la decisión de qué casos podían ser juzgados.
Con la llegada del Frente Amplio al poder en 2005, se buscaron excepciones a la ley para iniciar varios juicios a militares y políticos por su rol en esa época y, finalmente, la sentencia de la CIDH permitió ampliar los procesos, que llegaron a producir condenas de cárcel de hasta 30 años, como la del dictador Juan María Bordaberry.
Si bien la norma nunca fue anulada, la aprobación en 2011 de un proyecto de ley interpretativo de la Constitución determinó que sus efectos fueran eliminados del ordenamiento jurídico uruguayo hasta 2013, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos de la polémica normativa.
Pero Manini Ríos, líder de la fuerza de derecha Cabildo Abierto, volvió a instalar la controversia en Uruguay con su propuesta, con la que pretende reinstalar la ley de Caducidad para lograr “una pacificación definitiva”.
Aunque en sus dos primeros artículos el proyecto defiende el derecho de familiares a buscar los restos de desaparecidos y a percibir reparaciones, luego establece que el “proceso penal ya ha cumplido su función retributiva, restauradora y de prevención en la justicia transicional por haberse cumplido todos los plazos de prescripción previstos en el sistema”.
Esto fue rechazado hoy por el constitucionalista Martín Risso, quien recordó que los delitos de lesa humanidad “no prescriben”, según reprodujo el diario El Observador.
También el quinto artículo del proyecto presentado, que señala que la “única fuente de derecho penal” es la ley uruguaya, fue criticado por los especialistas por considerarlo “insostenible” con respecto al derecho internacional.
“Uruguay no puede sostener un acto jurídico desligándose de la sentencia (de la CIDH) porque Uruguay aceptó la convención americana y se sometió a la corte”, manifestó el también el constitucionalista Daniel Ochs.
Risso coincidió y consideró que, en caso de desacato al fallo de la CIDH, Uruguay entraría en una “lista chica de países” que incumplen sentencias internacionales.
Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se desligó del proyecto de Manini Ríos, pero no lo rechazó: “No hay posición del gobierno al respecto. Entendemos que hay posición de un partido y es todo lo que tenemos que decir”.
Fuente: Latinoamerica Piensa
