Son cuatro militares designados por el Ministerio de Defensa para que se ocuparan de contratar una empresa que buscara la nave.
Hicieron una adjudicación directa a una firma española que no reunía los requisitos. El contrato al final se anuló y la búsqueda quedó demorada. En el primer pronunciamiento judicial relacionado con las investigaciones abiertas sobre la búsqueda del submarino ARA San Juan, se dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de cuatro militares que fueron designados por el Ministerio de Defensa para integrar la Comisión Evaluadora que tenía que resolver en forma urgente la contratación de una empresa privada que contara con los medios técnicos y la experiencia necesarias para encontrar a la nave perdida en el Atlántico Sur. Los cuatro militares ahora procesados habían aprobado la preadjudicación del operativo a una empresa española que había modificado su razón social y que incluso tenía a uno de sus societarios en situación de concurso de acreedores. La propia Oficina de Contrataciones del Ministerio terminó por confirmar las irregularidades que habían sido denunciadas por familiares de los tripulantes del ARA San Juan. El despropósito demoró meses la contratación, que finalmente recayó en la compañía Ocean Infinity.
Los procesados son los oficiales de la Armada Pablo Alberto Longhi y Héctor Raúl Horisberger, el capitán de fragata Marcelo Gustavo Dip y el comodoro Rogelio Alfredo García Bastitta. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi los imputó por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Los cuatro militares fueron indagados por el magistrado a partir del jueves 15 de noviembre, el mismo día en que se cumplía un año de la desaparición del submarino hallado dos días después, bajo los cargos de haber “recomendado la adjudicación del servicio de búsqueda (…) a una empresa que no cumplía con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares” establecido por el Poder Ejecutivo Nacional. Todos fueron encontrados “prima facie” como coautores de los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y se les trabó embargo, a cada uno, en la suma de un millón de pesos. La causa comenzó a partir de la denuncia presentada por la abogada Valeria Laura Carreras el 13 de junio, en representación de los familiares de Enrique Damián Castillo, Luis Esteban García, Cayetano Hipólito Vargas, Jorge Isabelino Ortíz, Luís Marcelo Leiva, Franco Javier Esponza, Hugo Arnaldo Herrera y Víctor Marcelo Enríquez, todos ellos tripulantes del ARA San Juan. La denuncia fue para que se investigaran “distintas irregularidades” en torno a la contratación directa por razones de urgencia de una empresa privada que se encargaría de la búsqueda del buque. Para ocuparse del tema fueron nombrados por el Ministerio de Defensa los cuatro integrantes de la Comisión Evaluadora que ahora fueron procesados.
El 1° de junio se anunció oficialmente la contratación de la empresa española preadjudicataria Igeotest Geosciences SL, pero esa decisión fue impugnada el 4 de junio por considerarse que la compañía elegida “no contaba con la experiencia y las condiciones para llevar a cabo la tarea” encomendada por el Ministerio de Defensa. Entre las objeciones, se señaló que el número societario de la empresa “no coincidía con el número de registro ESB1751190”, dado que se constató que ese número societario “estaba relacionado con la compañía española Control y Prospección SL”, que se encontraba en concurso de acreedores desde el año 2017. Para completar el cuadro de irregularidades, el 12 de junio, en la plataforma “Compras.ar”, del Ministerio de Defensa, la empresa española preadjudicataria figuraba con otro nombre: Igeotest Geociencias y Exploraciones SL, con el registro ESB55178248. Ante las diferentes comprobaciones, la investigación fue promovida por el fiscal federal Federico Delgado. Se solicitaron informes al Ministerio, lo que dio lugar a la intervención de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), organismo que el 28 de junio, a pedido de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la cartera, hizo saber quiénes eran los que podían modificar los datos de un proveedor en el sistema y el carácter subsanable de la inconsistencia de la carga de datos en el SIPRO. De ese informe oficial surgió que Marcelo Devicenzi, en representación de la sociedad Control y Prospecciones Igeotest SL, y por otro lado, el propio Devicenzi, constituyeron la sociedad Igeo Mining Exploration & Services SL. Luego, esa sociedad cambió su denominación social y se llamó Igeotest Geociencias y Exploraciones SL.
Después de una serie de comprobaciones sobre lo irregular de todo lo sucedido en torno de la preadjudicación de la empresa española, la propia Oficina Nacional de Contrataciones del Ministerio concluyó: “Estimados, en realidad no deberían haber dictaminado sobre un usuario con un NIT (Número de Identificación Tributaria) incorrecto. Si ya lo hicieron y todavía no adjudicaron, consulten con su área legal ya que es responsabilidad de su organismo la prosecución del procedimiento”. En cuanto a la posibilidad de subsanar “la inconsistencia de la carga de datos”, la ONC dijo que los responsables de la empresa española “son personas jurídicas distintas, por lo cual existía un error esencial en la oferta, no susceptible de subsanación” según lo que establece el artículo 66 inciso “j” del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16. Por otra parte, la doctora Carreras volvió a visitar la plataforma Comprar.ar y verificó la existencia de “un nuevo cambio en relación a la empresa preadjudicada, toda vez que el nombre y el número de identificación volvieron a ser modificados, ya que se ingresaron nuevamente el nombre y el número de identificación que originariamente la empresa preadjudicada utilizó al momento de efectuar la oferta inicial”. Las incongruencias en un tema tan delicado como la búsqueda de los 44 tripulantes del ARA San Juan llevaron al juez De Giorgi a dictar el procesamiento de los cuatro responsables.
Fuente: Pagina 12
