Lo hizo Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanas contra la República Argentina.
La Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, presentó el resultado de un estudio que realizó sobre el índice condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado argentino.
En la primer parte del informe llevaron adelante el estudio de las 38 sentencias dictadas contra el país. De su análisis, individualizaron 32 por resultar de fondo y realizaron una síntesis por cada una sobre los hechos del caso. Por otro lado, profundizaron sobre 29 por ser en las que el Estado argentino fue condenado.
En esa segunda disquisición extrajeron información relativa a los casos en los que el Estado reconoció su responsabilidad internacional, los deberes incumplidos y derechos vulnerados, los indicadores de políticas públicas fijados por la Corte IDH dentro de las reparaciones y el estado de cumplimiento de la sentencia.
En la segunda parte del informe realizaron estadísticas y gráficos. Por un lado de las emitidas con relación al Estado argentino, incluyendo sentencias contenciosas, de interpretación, sobre excepciones preliminares y aquellas de reparaciones y costas. Y, por el otro, sobre la totalidad de las dictadas por el Tribunal, es decir, incluyendo a aquellas en las que se involucra a todos los países signatarios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CADH). Con un total de 484 al cierre del informe -5 de julio de 2023-.
Sin perjuicio de invitarles a leer el informe en su integralidad, adelantamos algunas conclusiones. En primer lugar, se destacó que del total de sentencias condenatorias emitidas por el Tribunal sólo un 8% involucran al Estado argentino. De ellas, en un 91% se lo encontró responsable.
En cuanto a los derechos vulnerados, la mitad de los registros se corresponden con vulneraciones vinculadas directamente con el sistema de justicia. En este sentido, la vulneración a las garantías judiciales (26%), a la igualdad ante la ley (4%), al principio de legalidad (2%) y a la protección judicial (18%) suman un 50% de los derechos vulnerados sobre el total registrado.
