El fiscal en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 destacó el estado de necesidad delas acusadas, extranjeras, que menoscabó “su libre determinación”.
Pidió que se profundice la investigación sobre los eslabones superiores de la cadena. El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Franco Picardi, solicitó el sobreseimiento de cinco mujeres trans procesadas por comercialización de estupefacientes, y la elevación a juicio de un hombre que habría facilitado el lugar -el hotel donde oficiaba de encargado- para que se llevaran a cabo las operaciones, que en todos los casos representaban cantidades pequeñas de droga, lo que comúnmente se denomina “narcomenudeo”. El representante del Ministerio Público Fiscal requirió, además, profundizar la investigación ante la posible existencia de una organización criminal que se vale de mujeres trans en situación de extrema vulnerabilidad para la comercialización de drogas.
Enfoque de género La Fiscalía Federal fundó el pedido de sobreseimiento de las cinco acusadas en el estado de necesidad disculpante que logró acreditarse en el expediente. El dictamen repasa la difícil realidad que recorre al colectivo de mujeres trans en general y en este caso en particular, en el que se suma la condición de inmigrantes bolivianas provenientes de hogares pobres y las escasas oportunidades de inserción en el mundo del trabajo, circunstancia que implica un cuadro de vulnerabilidad extrema y, por ende, un menoscabo en su libre determinación. Picardi señaló que el colectivo aludido -al igual que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI)- integra un grupo vulnerado con “altos índices de padecimiento de violencia” y con “importantes barreras en el acceso a derechos” por pretextos basados en su orientación sexual, identidad y/o expresión de género. En este sentido, la presentación indica que la situación social, económica y laboral de cada una de las imputadas encaja “taxativamente” en el cuadro previamente descripto. “(Éste) es caracterizado por escenarios de violencia, marginalidad, necesidades básicas insatisfechas y, en líneas generales, la imposibilidad de desarrollarse libremente, con carencias de educación, trabajo formal, vivienda y demás derechos básicos que se suponen constitucionalmente garantizados para el conjunto de la sociedad, a tal punto de considerar como ‘sobrevivientes’ a las acusadas, ya que se ubican en un rango etario superior al de la expectativa de vida de las mujeres trans en la región, que es de 30 a 35 años”, destacó el fiscal.
Además, insistió en que tal escenario subsiste aún cuando en años recientes hubo avances -expresados en la sanción de leyes provinciales y nacionales- respecto al reconocimiento de derechos del colectivo LGBTI. Delinquir para subsistir El representante del Ministerio Público Fiscal concluyó que las cinco mujeres trans imputadas se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad y que tales problemas sistémicos -carencias de posibilidades de inserción en el mercado laboral, de acceso a bienes culturales y económicos, a la salud y a una vivienda digna- implicaron una situación “reductora de la libertad” en un marco en el que lo que se encuentra amenazada es la propia subsistencia. “Así, analizando el caso concreto, entiendo que razonablemente no se les podía exigir a las procesadas que padezcan el mal que las amenazaba”, afirmó Picardi al señalar la causal de inculpabilidad. Respuestas diferenciadas El dictamen pone de relieve que los integrantes del colectivo de personas trans que viven en la pobreza se transforman en el eslabón más vulnerable al “perfilamiento y acoso policial”, tal como se desprende de un informe emitido en noviembre de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que observa el fuerte vínculo existente entre pobreza, exclusión y violencia.
Además, recordó que en su visita a la Argentina durante 2016, el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que en el país hay una “implementación negativa de determinadas leyes”, como las leyes de Estupefacientes y contra la Trata de Personas, que utilizan los agentes de las fuerzas del orden para llevar a cabo “amplias campañas” que afectan en particular a las personas transgénero y se realizan sin las debidas garantías procesales. “La ley 23.737 tiene un impacto particularmente negativo en las mujeres trans y a menudo se relaciona con la vida en la calle, donde la policía detiene a las personas trans en aplicación de esta ley”, se afirmó. Frente a tal realidad, el fiscal destacó la necesidad de profundizar, en el caso, la pesquisa en pos de avanzar en los eslabones superiores de la organización criminal que se valía de las personas trans para comercializar estupefacientes, tal como surge de los compromisos internacionales asumidos en materia de combate al narcotráfico organizado de privilegiar la persecución penal de aquellas estructuras de mayor envergadura.
Fuente: Comercio y Justicia
