La autora de la iniciativa resaltó que el país tiene 40 años de atraso en la legislación de la problemática y que las falencias normativas colocan en situación de indefensión a los infantes. Hace cinco meses, la Cámara Baja aprobó de manera unánime el proyecto que establece que la Justicia pueda investigar de oficio las denuncias por abuso sexual infantil sin necesidad de ratificación de padres o tutores. Ahora, el articulado -que está en la comisión de Legislación Penal del Senado- obtuvo casi 50 mil adhesiones desde que se publicó el viernes de la semana pasada en Internet. Para impulsar que la Cámara Alta convierta en ley la propuesta, la ONG Red por la Infancia creó en el sitio Change.org la campaña “Senadores: que el abuso sexual en la infancia sea un delito público”.
Iniciativa. La iniciativa modifica el artículo 72 del Código Penal (CP), para que el abuso sexual en menores de 18 años pase a ser un delito de acción pública; es decir, para que las pesquisas puedan avanzar sin necesidad de que los responsables parentales del infante involucrado certifiquen la denuncia. Según la autora del texto, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical), la legislación actual deja a las víctimas en un situación de “enorme desprotección” y advirtió que el abuso infantil se denuncia poco porque 80 por ciento de los casos ocurre en el ámbito familiar. En Argentina se estima que casi dos millones de niños y niñas son víctimas de ataques sexuales antes de los 18 años, que por cada mil casos casos se denuncian 100 y que sólo uno se condena. Paula Wachter, directora de la ONG Red por la Infancia, destacó que es indispensable que la actuación del Poder Judicial no dependa de los adultos a cargo de los menores y que es urgente generar una protección legal que los chicos no tienen. “La legislación actual transmite el mensaje estereotipado de que estos delitos no tienen importancia o que dependen de la esfera familiar. El abuso sucede en la familia pero es un tema de Estado”, sostuvo. “Una petición que llegó a casi 50 mil firmas en tres días da la dimensión de lo importante que es la temática”, aseguró. En tanto, Carrizo pidió que el Senado ratifique el proyecto y que no se discuta más, ya que la nueva ley es urgente en el país, “atrasado 40 años” en la normativa sobre el tema, según estimó.
Además, Carrizo y Wachter celebraron que haya denuncias por los episodios de abusos sexuales en los clubes Independiente y River Plate que tomaron estado público durante las últimas semanas. En ese contexto, el diputado nacional Luis Petri (UCR) presentó un proyecto que busca inhabilitar a los condenados por delitos contra la integridad sexual para ocupar todo cargo, empleo, actividad o profesión relacionado con el cuidado, atención, instrucción, enseñanza y demás servicios que impliquen el trato directo con niñas, niños y adolescentes. Petri afirmó que con su iniciativa busca proteger a casi 15 millones de menores y prevenir la comisión de nuevos hechos en ámbitos escolares, deportivos o cualquier servicio en los que el posible agresor desempeñe un cargo que implique un trato directo con aquéllos. El legislador recordó que con la actual redacción del artículo 20 bis del CP la aplicación de la inhabilitación especial perpetua depende del criterio del juez -es decir, no es obligatoria- y que recae sólo sobre el empleo, cargo o profesión del que el autor se hubiese valido para cometer el delito. El radical resaltó que, por ejemplo, una persona que comete un abuso en el ámbito de su vida familiar, al no valerse de ninguna profesión específica para concretar el ataque, no sufre pena de inhabilitación de ningún tipo y que, por ello, podría desempeñarse en cualquier empleo en contacto con niños, niñas y adolescentes luego de su condena, o incluso durante el proceso. Asimismo, precisó que si se hubiese valido de una profesión, podría ser inhabilitado para esa actividad, pero no para otra que lo ponga en contacto con infantes.
Con la redacción que propone Petri, la pena de inhabilitación especial perpetua para cualquier cargo, profesión u oficio que implique el contacto con niños, niñas y adolescentes deberá ser impuesta a quienes hayan sido condenados por abuso sexual, violación, grooming, corrupción, promoción o facilitación de la prostitución, pornografía infantil, exhibiciones obscenas, rapto y trata de personas, quienes no podrán desempeñar cargos o actividades que impliquen el trato directo con menores de edad. El proyecto lleva las firmas de los diputados Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Hernán Berisso, Samanta Acerenza, Juan Aicega, Pedro Javier Pretto, Fernando Iglesias, Gustavo Menna, Claudia Najul, Roxana Reyes, Nadia Ricci, Alicia Fregonese, David Schlereth y Olga Rista, todos de Cambiemos.
