En Estados Unidos, New Hampshire se convirtió en el vigesimoprimer Estado en abolir la pena capital. La medida llegó después de años de batalla política, luego de que el Senado aprobó el proyecto de ley respectivo con 16 votos a favor y ocho en contra.
Sólo queda un condenado alojado en el denominado “corredor de la muerte”, pero no será ejecutado: en New Hampshire no se ejecutan condenados desde 1939 y sólo se mantuvo vigente la sanción formalmente, al igual que otros Estados.
Las sentencias de pena de muerte y el número de ejecuciones mermaron los últimos 20 años. En Washington -el caso más reciente-, la justicia la declaró insconstitucional, al alegar que se impone “de forma arbitraria y con sesgo racial”. Otros Estados, como California o Pensilvania, aunque la mantienen, aprobaron moratorias sobre ejecuciones.
Merma
Los fallos que imponen la pena de muerte están en su nivel más bajo desde 1976, una merma que ocurre por decisiones legislativas, judiciales y problemas logísticos ya que, por ejemplo, no se consiguen las drogas necesarias para aplicar la inyección letal.
No obstante, la gestión de Donald Trump quebró 40 años de caída en la aprobación de ese castigo.
Según un estudio del Centro de Investigación Pew, los partidarios aumentaron: pasaron de 49 a 54 por ciento. En tanto, el año pasado, por ejemplo, Tennessee lo implementó después de nueve años sin ejecuciones. Texas, por su parte, acabó con 13 vidas.
En ese contexto, hace ocho meses el papa Francisco cambió las reglas del catecismo respecto a la pena de muerte. Declaró que es inadmisible porque “atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”.
Saldaño
Mientras tanto, Víctor Saldaño, el cordobés condenado a muerte que hace 24 años está en el corredor de una cárcel de Houston, Texas, podría ser ejecutado en noviembre.
Se quedó sin instancias de apelación y su única posibilidad es que la justicia responda favorablemente a la valoración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2016 consideró nulos los dos juicios a los que fue sometido.
El tribunal internacional concluyó que en ambos se cometieron sendas violaciones de la garantía de defensa.
La CIDH advirtió, además, de que hay responsabilidad de Estados Unidos. Cabe recordar que la propia Corte Suprema norteamericana consideró que la primera sentencia contra Saldaño fue racista y ordenó realizar un segundo juicio.
El abogado Juan Carlos Vega anunció que no apelará la decisión de concretar la ejecución. “No pediremos clemencia por la simple razón de que sería reconocer que Estados Unidos hizo un juicio justo”, dijo en declaraciones periodísticas.
Debate
El debate por la pena de muerte en EEUU se reavivó en 2014, luego de que un sentenciado falleció de un ataque al corazón atado a la camilla donde se intentaba acabar con su vida, en un penal de Oklahoma. Su ejecución se había suspendido porque, como él les había advirtido a sus verdugos, algo no funcionaba.
Clayton Lockett vivió 43 minutos después de que le inyectaron el primer fármaco de los tres que componen el protocolo para matar a alguien vía inyección letal.
Tal fue la repercusión de lo sucedido que el entonces presidente, Barack Obama, calificó la ejecución de Lockett como inhumana.
Menos de dos años después, Ronald Bert Smith Jr., de 45 años, tuvo una muerte dramática por inyección letal, en Alabama: agonizó durante 13 minutos mientras sufría arcadas y problemas de respiración.
Fuente: Comercio y Justicia
