El juez de Reconquista Fabián Lorenzini hizo lugar al pedido de los directivos de la cerealera pero no se expidió sobre la validez de la intervención
l juez de Reconquista Fabián Lorenzini hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Vicentin y ordenó reponer en la dirección del directorio a los dueños de la cerealera por un plazo de 60 días. Además, el magistrado estableció que el interventor designado por el Poder Ejecutivo quede como veedor.
Así lo dispuso el juez en lo comercial ante una presentación de los dueños de la empresa, la cual es motivo de controversia a raíz de la decisión del Gobierno Nacional que busca la expropiación de la cerealera Vicentin.
En su fallo, el magistrado, quien está a cargo del concurso de acreedores de la empresa, dispuso «con carácter de medida autosatisfactiva y previa prestación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la ultima Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma».
El juez explica que Daniel Nestor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Sergio Manuel Nardelli, Maximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Oscar Vicentín y Yanina Colomba Boschi, todos directores de la sociedad concursada VICENTIN SAIC, manifestaron «que fueron desplazados de sus funciones por el Sub Interventor presidencial, Sr. Luciano Zarich».
Todos pidieron el desplazamiento de los interventores designados con fundamento en la ilegitimidad e inconstitucionalidad del decreto presidencial de necesidad y urgencia, sosteniendo su nulidad absoluta e insanable.
Eso no ocurrió, pero el magistrado determinó que los interventores designados por Fernández sean sólo veedores. Lorenzini se declaró además incompetente para determinar la constitucionalidad del decreto de intervención.
Para permanecer en sus puestos en el directorio, los integrantes de la familia Vicentin y otros ejecutivos, alegaron que «la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva».
El juez hace referencia también al contexto económico en medio de la pandemia y dice que por eso «cobra especial relevancia en el actual contexto de crisis financiera y económica, la magnitud empresaria de la sociedad concursada».
Estamos en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos. Por lo tanto, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales», dijo.
