Según sospechan los investigadores, la organización delictiva gestionaba y obtenía beneficios ilegítimos, como jubilaciones y retiros por invalidez.
El perjuicio a la Administración pública se estima en más de 100 millones de pesos. El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal Número 3 de Mar del Plata, procesó a ocho personas por, presuntamente, integrar una asociación ilícita dedicada a tramitar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) beneficios previsionales de forma irregular, lo que habría ocasionado un perjuicio a la Administración pública de más de 100 millones de pesos. La causa se inició a raíz de la denuncia del organismo ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), que expuso una serie de irregularidades descubiertas en el marco del trámite y otorgamiento de jubilaciones y retiros por invalidez. En ese contexto, la unidad puso en marcha una pesquisa preliminar que concluyó en un planteo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
La instrucción quedó a cargo de Nicolás Czizik. La hipótesis del agente es que, a pedido de un “cliente”, el grupo habría simulado una relación laboral mediante la presentación de denuncias falsas o la carga de declaraciones juradas apócrifas, a partir de la utilización de documentación espuria y de los datos personales y clave fiscal de falsos empleadores o personas jurídicas que ya no desarrollaban actividad comercial, con el fin de modificar la base de datos del sistema informático de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Después de desplegar esas maniobras, según el fiscal, presentaba ante la Anses la solicitud de beneficio previsional denunciando la relación laboral. En tanto, en los casos de retiros por invalidez, sostuvo que la organización influía en la comisión médica que debía analizar los antecedentes médicos de los potenciales beneficiarios y dictaminar en consecuencia, para lo cual obtenían información interna al efecto.
Al respecto, el Fisco precisó que se repetían nombres de empleadores y empresas que contrataban por períodos cortos de tiempo a personas con sueldos muy altos -de entre 50 mil y 100 mil pesos-, que luego pedían jubilación por discapacidad. Con esas conclusiones, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) le solicitó a Inchausti el allanamiento de una serie de domicilios y la detención de los implicados. Esas medidas se materializaron hace poco más de un año, y se descubrió un consultorio médico que no tendría habilitación para funcionar. En virtud de las pruebas colectadas por la fiscalía y a raíz de las indagatorias de los detenidos -realizadas el 22 de mayo-, el magistrado procesó con prisión preventiva a tres abogados y a un asesor previsional como jefes u organizadores de la asociación ilícita y coautores de defraudación contra la Administración pública (reiterada en 16 oportunidades); tentativa de defraudación contra la Administración pública (en tres oportunidades); uso de documento falso; alteración dolosa de registros y tenencia ilegítima de DNI ajenos. También procesó a tres médicos como miembros de la asociación y por la presunta comisión de otros ilícitos, como cohecho; en dos casos, con prisión preventiva. En tanto, una contadora también quedó incriminada como integrante de aquélla y como coautora de defraudación contra la Administración pública reiterada en 11 oportunidades y alteración dolosa de registros.
Requisitos. Recientemente, en Entre Ríos, en el marco de otro expediente por irregularidades en la Anses, la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la Ufises pidieron que una empleada del organismo vaya a juicio por abuso de autoridad y falsedad ideológica, por tramitar prestaciones en favor de personas que no cumplían los requisitos. La mujer inició expedientes administrativos y entregó resoluciones falsas en tres supuestos que involucraron a personas que no acreditaron condiciones legales de rigor para acceder a los beneficios. Los hechos datan de septiembre a octubre de 2014. En particular, dos de los casos se refieren al reconocimiento de servicios, y el restante es respecto al grado de incapacidad.
Según los representantes del MPF, aunque los expedientes administrativos iniciados y virtualmente resueltos por la encausada no cumplían con las normativas de fondo ni de forma, los titulares de los trámites estaban cobrando las prestaciones, generando un perjuicio a la entidad y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos. El hecho sobre el grado de incapacidad fue el más llamativo, pues la encartada tomó a su cargo tanto la iniciación como su cómputo final, eludiendo la supervisión correspondiente y disponiendo su archivo directo. En tanto, en marzo, cuatro empleados de la delegación de la Anses de Santiago del Estero fueron detenidos por al menos 26 estafas detectadas y denunciadas por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios del organismo previsional.
Fuente: Comercio y Justicia
