El líder camionero se basa en declaraciones del juez Carzoglio, quien reveló que agentes de la AFI lo presionaron para pedir la detención de Pablo Moyano.
El secretario General de Camioneros, Hugo Moyano, denunció el lunes penalmente al presidente Mauricio Macri por presunto espionaje contra él y su familia, tráfico de influencias y sustracción de caudales públicos. Moyano presentó la demanda por intermedio de su abogado, Daniel Llermanos, ante el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, a cargo en forma transitoria por el juez Juan Carlos Augé. La presentación está relacionada con revelaciones surgidas de la investigación que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla sobre una presunta banda dedicada el espionaje ilegal y la extorsión tras la detención del falso abogado Marcelo D’Alessio, quien está acusado de extorsionar a empresarios en nombre del fiscal Carlos Stornelli a cambio de «borrarlos» de causas en su contra. Asimismo, Moyano, quien también pidió un resarcimiento económico por 100 millones de pesos, utilizó los dichos del juez de San Isidro Luis Carzoglio para denunciar Macri, luego de que el magistrado denunciara haber recibido «una visita intimidatoria de integrantes de la AFI» mientras tramitaba una de las denuncias contra Pablo Moyano.
Carzoglio rechazó meses atrás de pedir la detención del hijo del líder camionero y denunció presiones de funcionarios gubernamentales bonaerenses. Según la denuncia, Macri, «en la convicción de que el firmante (Moyano) era un estorbo para sus planes de flexibilización laboral y de endeudamiento público de nuestro país, ha ejecutado desde junio de 2016 hasta la fecha, valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, del Ministerio de Seguridad y de periodistas, un plan criminal destinado a lograr mi desprestigio público». Ese supuesto plan se produjo «mediante reiteradas maniobras de falsificación material y/o ideológica de expedientes judiciales mediante tráfico de influencias, extorsión a personas privadas de libertad ordenando montar paralelamente políticas de confiscación del patrimonio de la Entidad Gremial que conduzco y el vaciamiento de la Obra Social».
Fuente: Infobae Profesional
