En la cámara alta hay conversaciones para convocar a una reunión de comisión a fines de modificar el esquema regulatorio vigente. Qué proponen
os asesores de distintos senadores de la comisión de Comercio e Industria buscan avanzar en un texto consensuado que modifique el régimen vigente sobre las comisiones, tasas e intereses que cobran las tarjetas de crédito.
La caída de los indicadores económicos provocada por la pandemia aceleró la necesidad de sancionar una nueva norma. «Hay una ineludible necesidad de brindar una herramienta al ciudadano para reestructurar su deuda corriente con la tarjeta de crédito», indica el senador Alfredo Luenzo, impulsor de una de las iniciativas que tiene mayor adhesión.
Entre otras medidas, tomando en cuenta la situación del endeudamiento de las familias y la cada vez más reducida capacidad de pago, la iniciativa propone un esquema de refinanciación usando un concepto de esfuerzo compartido entre el acreedor y el deudor.
En cuanto a los comercios, si bien a principios de año, los aranceles que pagan por las operaciones con tarjetas de crédito y de débito se redujeron de 2,15% a 2,0% en el primer caso, y de 1,0% a 0,9% en el segundo, la pandemia por coronavirus cambió la situación.
Hay que recordar que en 2017 por el gobierno, los bancos emisores de tarjetas y los comercios, para reducir de forma gradual las comisiones que cobran las entidades bancarias por cada transacción realizada con estos instrumentos.
En aquel momento, la comisión que cobraban los bancos emisores era de 3,0% en las operaciones con tarjetas de crédito, y de 1,5% en el caso de las tarjetas de débito y pasaron a ser de 2,5% y 1,2%, respectivamente.
El esquema vigente contempla que en el inicio del próximo año se instrumente una nueva rebaja en las comisiones que cobran los bancos por el uso de tarjetas de crédito y de débito, de 2,0% a 1,8% en el primer caso, y de 0,9% a 0,8% en el segundo. Pero todo puede cambiar si se aprueba esta iniciativa.
Puntos del proyecto
El proyecto que buscará llegar al debate de la comisión de Comercio e Industria de la cámara alta:
– Fija un plazo máximo de diez días hábiles para la acreditación de los importes para las operaciones con tarjeta de crédito correspondientes a las ventas en las cuentas de los establecimientos adheridos.
– Establece que las acreditaciones de los importes que se hayan realizado con tarjeta de débito se deberán efectivizar al día hábil siguiente de la operación.
– Las comisiones y aranceles cobrados a los comercios por la aceptación de pago con tarjeta, no podrán ser superiores al 1,5% para las operaciones realizadas con tarjeta de crédito y no podrán superar el 0,5% las que sean realizadas a través de tarjeta de débito.
Se establece una excepción, para las tarjetas no bancarias de carácter regional, en estos casos las comisiones o aranceles podrán alcanzar el 2% por ciento del valor de la operación siempre y cuando cumplan con los requisitos que la autoridad de aplicación, establezca al respecto. Para acceder a dicho beneficio la autoridad de aplicación deberá realizar un registro al cual deberán inscribirse las entidades.
– Se limitan los cargos administrativos por renovación del contrato de emisión de las tarjetas de crédito, de débito o de compra, que no podrá superar la tasa promedio adjudicada (Tasa de política monetaria – TPM) informada mensualmente por el Banco Central correspondiente a las letras de liquidez (LELIQ).
– La base de cálculo para aplicar comisiones o aranceles, será sin incluir aquellos impuestos que no formen parten del precio de venta ni tampoco los intereses de financiación e impuestos asociados.
– Modifica el artículo 16° de la ley 25.065 sobre el límite máximo de los intereses compensatorios o financieros y también se tomará la mencionada TPM.
– En relación a los intereses que se aplican a la financiación de saldos se incorpora el denominado esfuerzo compartido, que le encomienda al Banco Central una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias de las deudas consolidadas por financiamiento con tarjeta de crédito, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiar mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor para llevar alivio a la presión financiera sobre el deudor.
En el régimen vigente, para los intereses compensatorios, la tasa no puede superar en más del 25% a las tasas de interés que el banco haya aplicado, durante el mes inmediato anterior, en las operaciones de préstamos personales sin garantías reales.
Y para los intereses punitorios, la ley actual indica no puede superar en más del 50% a la tasa de interés compensatorio (es decir, la mencionada en el párrafo anterior), que el banco aplica por la financiación de saldos de tarjetas de crédito.
Por otro lado, el proyecto establece la obligación de todo proveedor de bienes y servicios, en relaciones de consumo, a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta de crédito o débito, excepto cuando tal diferenciación -a través de promociones o descuentos específicos- sea efectivamente favorable al consumidor o usuario, debiendo exhibir el precio expresado en moneda de curso legal, de contado y correspondiendo al importe total y final que deba abonar el consumidor final.
Argumentos
Luenzo explicó que «en el cierre del año anterior y antes de la emergencia sanitaria, las familias argentinas le debían a los bancos el equivalente a 3.200 millones de dólares al cambio actual. Todo ese volumen de endeudamiento tiene que ver con un esquema de tasas, punitorios y comisiones desregulados por el gobierno de Cambiemos que llevó a la bancarrota a gran parte de la clase media», aseguró.
Luego recordó que «hace 2 años que las familias usan el plástico para llegar a las necesidad básicas pero parece que los bancos no se han enterado», y lamentó que «esto ha ocurrido en virtud del descalabro y el desorden del mercado financiero que provocó el modelo económico anterior y que llevó al núcleo familiar a refugiarse en el uso de los plásticos para la compra de los alimentos, el pago de servicios básicos como la luz, agua y gas».
«Y cuando ya no podían hacer frente al pago de la totalidad del resumen por cualquiera de los motivos que conocemos como fue la suba del costo de vida, la pérdida de ingresos o incluso del puesto de trabajo, era allí donde terminaban cayendo en una refinanciación a tasas y punitorios usureros que incluso treparon a un costo anual del 230%. Se termina en un crecimiento exponencial del endeudamiento», resaltó.
En el 2016, el Senado le dio media sanción a un proyecto similar, pero luego no fue tratada por la cámara de Diputados y perdió estado parlamentario. Luenzo destacó que este nuevo proyecto toma como antecedente esa iniciativa e incorporó nuevas herramientas.
Por último, señaló que el proyecto busca «generar competencia en el mercado de las tarjetas de crédito que está concentrado», y que «por lo tanto genera imposiciones de condiciones tanto a los clientes como también a los comercios a partir de la posición dominante».
Fuente: Iprofesional
