El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires dispuso que la totalidad de los laboratorios periciales e institutos forenses en funcionamiento, así como los integrantes del Departamento de Policía Judicial, pasen a depender de la Policía Judicial.
La Procuración bonaerense emitió una disposición donde se anunciaron cambios en el funcionamiento del organismo, en el marco de la creación de la Policía Judicial de la provincia. Mediante la Resolución PG Nº 464/18, el titular de la Procuración General, Julio Conte Grand, dispuso que la totalidad de los laboratorios periciales e institutos forenses del Ministerio Público que actualmente se encuentran en funcionamiento -incluyendo las personas que prestan servicios en tales dependencias- así como todos los integrantes del actual Departamento de Policía Judicial, pasen a depender administrativa y funcionalmente de la Policía Judicial en las áreas técnico científica o de investigaciones judiciales. Además, se decretó que los Fiscales Generales de los departamentos judiciales donde tengan asiento los laboratorios periciales o institutos forenses ejerzan la función de Coordinaciones Regionales, con articulación funcional al Director General de la Policía Judicial.
En cuanto a la definición del régimen escalafonario, administrativo y disciplinario de los integrantes de la Policía Judicial, Conte Grand puntualizó que aquel quedará sujeto a la reglamentación que se dicte, la cual tendrá especialmente en cuenta el carácter de servicio público esencial de la actividad. Con las nuevas medidas, Conte Grand le otorga más poder a la Policía Judicial, organismo creado en enero de este año para desplazar a la Policía Bonaerense de la función de investigación del delito. La Policía Judicial depende funcional y orgánicamente del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una institución civil técnico-científica, organizada jerárquicamente, que asiste al agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en determinados procesos penales, que establezca por disposiciones generales el Procurador General.
Fuente: Diario Judicial
