Se sancionó una normativa que endurece las penas a quienes transporten pasajeros de manera ilegal. Busca frenar el avance de la aplicación en la Ciudad.
La Legislatura porteña convirtió en ley un proyecto que endurece las penas a quienes transporten pasajeros de manera ilegal -con multas de hasta 200.000 pesos y retiro de licencia-, con la que se busca frenar el avance de Uber en la Ciudad de Buenos Aires. La aprobación en general se consiguió con 37 votos del bloque oficialista, del GEN y del bloque peronista, mientras que el kirchnerismo y el socialismo se abstuvieron y la izquierda votó en contra. El debate se extendió por más de dos horas y, si bien las sanciones a los conductores de Uber fueron el centro de la discusión, la precarización laboral derivada del uso de aplicaciones informáticas, el estado del sistema de transporte público y la «criminalización de la protesta social» sobrevolaron el recinto. La presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García -una de las voces del oficialismo para defender el proyecto-, dijo que si bien se conoce la necesidad de «llegar con la tecnología al transporte legal», es necesario «legislar para los trabajadores», en referencia a los taxistas.
«Hablaron de la precarización laboral. Yo veo trabajadores que piden que legislemos para ellos. Hay presentado un proyecto para modernizar el servicio de taxis, sabemos que tenemos que llegar con la tecnología al transporte legal», explicó la diputada. La norma sancionada este jueves sostiene que todo transporte de pasajeros que no tenga habilitación para esos fines, tendrá una multa equivalente a 10 mil unidades fijas (casi 200.000 pesos), una quita de puntos en el scoring de la licencia de conducir y la capacidad de retener esa licencia por de 7 a 30 días. De esta manera, la administración de Horacio Rodríguez Larreta da un nuevo paso contra los conductores de Uber, tras las presiones de los taxistas para que la aplicación deje de operar en la Capital Federal. La empresa, que ya funciona de manera lícita en la provincia de Mendoza y en varios países del mundo, continúa trabajando en territorio porteño pese al vacío jurídico que hay en torno a su actividad. Las nuevas penas fueron propuestas por la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura, la oficialista Cristina García, y contó con el apoyo del Bloque Peronista y del GEN.
«En la medida en que UBER no se encuadre en el marco legal, nos vemos en la obligación de agravar las sanciones. Estamos abiertos a conversar siempre que haya voluntad dentro de la ley. Otras empresas entienden que ese es el camino», señaló el diputado de Vamos Juntos, Francisco Quintana. La norma también autoriza a quitarle la habilitación a los micros escolares que realicen otras actividades paralelas para las cuales no tienen permisos, como el traslado de manifestantes o piqueteros: en este caso, los conductores podrían quedar inhabilitados para manejar por hasta cinco años. Un grupo de taxistas se concentró en la Legislatura durante la sesión de este jueves para presionar la aprobación del proyecto. En el texto de convocatoria a la movilización, señalaron: «Basta y exigimos a los funcionarios legislativos, ejecutivos y judiciales que arbitren de forma urgente medidas para erradicar a la multinacional Uber».
De la manifestación participaron el Sindicato de Peones de Taxis, que dirige Omar Viviani, y el resto de las organizaciones de la Mesa de Unidad Taxista, que está conformada por la Unión de Propietarios y Mandatarios (UPYMRA), la Unión Propietarios de Autos Taxis (UPAT), la Sociedad Propietaria de Autos Taxis (SPAT), y la Asociación Taxistas de Capital (ATC). Al conocerse la noticia, los taxistas celebraron la aprobación de la norma en la puerta de la Legislatura porteña y luego fueron desconcentrando de a poco.
Fuente: Infobae Profesional
