El fiscal Gerardo Pollicita dictaminó que los imputados promovieron un acuerdo que incluía una quita abusiva en la deuda de la empresa con el Estado.
El juez federal Ariel Lijo postergó para dentro de un mes las indagatorias ordenadas en el marco de la investigación por las supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas del Correo Argentino al Estado nacional, ocurrido en 2016. La ronda de indagatorias, que concluirá con la del exministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa Oscar Aguad, debía empezar el martes a la mañana, pero comenzará el 19 de marzo, a raíz de sendos pedidos de postergación presentados por los dos imputados por parte de la empresa. El primero en declarar será el presidente del directorio del Correo Argentino Jaime Robirosa, y dos días más tarde, el 21 de marzo, será el turno del abogado de esa firma Jaime Kleidermacher. Del 26 de febrero al 26 de marzo pasó la declaración indagatoria del exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, mientras que la última prevista para esta parte de la investigación es la de Aguad, convocada para el 28 del próximo mes.
Aguad será indagado por su supuesta participación en las negociaciones que generaron el acuerdo, finalmente caído, entre el Estado Nacional y el Correo Argentino que implicaba, según la denuncia judicial, un perjuicio a las arcas públicas. Cuando pidió la indagatoria, el fiscal Gerardo Pollicita había dictaminado que los imputados son responsables de promover un acuerdo que incluía una «quita abusiva» en la deuda de la empresa postal con el Estado, decisión que habría perjudicado a la Administración Pública. Para el magistrado, la oferta presentada por el Correo Argentino y aceptada inicialmente por el Estado, había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones. El fiscal sostuvo que «se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa» que, mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados «obligaron abusivamente» a la Administración Pública «con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino». Pollicita afirmó que cuando Aguad tenía bajo su responsabilidad «el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito que el Estado Nacional verificó» (en el expediente 94.360/01) «contra Correo Argentino, omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios».
Por el acuerdo en cuestión el Estado nacional «resignaba una porción inadmisible de la suma de $ 296.205.376 adeudada por Correo Argentino, lo que implicaba el otorgamiento de un beneficio injustificado y directamente proporcional para la concursada». A partir del acuerdo cuestionado, «el Estado aceptaba sufrir una quita que ascendía al 98,87% del valor real del crédito verificado, esto significa que el valor de lo suprimido en pesos al mes de febrero de 2017 era de $4.656.446.266,20; y el cálculo de valor presente del saldo de quita al mes de marzo de 2033 –cuando finalizaba el plan de pagos acordado- era de $70.163.910.895,30», había dicho el fiscal.
Fuente: Infobae Profesional
