La Justicia intervino OCA por pedido de la Afip.

Es por una deuda con el organismo recaudador que supera los 5.000 millones de pesos. La empresa de correo pertenece a Nicolás Farcuh, pero está vinculada a Hugo Moyano.

La Justicia decidió intervenir -a pedido de la Afip- la empresa de correos OCA por una deuda con el organismo recaudador que supera los 5.000 millones de pesos. Fuentes judiciales informaron que a partir de esa decisión se desplazó a las autoridades de la empresa, y se dispuso la designación de un interventor administrador judicial de la empresa concursada, con fecha de vencimiento a marzo de 2019. El mayor correo privado del país pertenece a Patricio Nicolás Farcuh, pero se lo vincula fuertemente a la familia del camionero Hugo Moyano. La decisión fue dispuesta por el juez Pablo Tejada, al considerar el pedido de Afip, que temía que OCA continúe con un proceso de endeudamiento y vaciamiento. Además, el magistrado basó su resolución tras comprobar que la firma ocultó bienes, omitió informaciones, incurrió en falsedad y realizó actos en perjuicio de los acreedores. En mayo pasado, Tejada había designado como coadministrador para garantizar el pago de la deuda y controlar los gastos a Marcelo Griffi, quien renunció por los reiterados incumplimientos de obligaciones de Farcuh.

Griffi también denunció la salida de fondos no autorizados ni relacionados con la actividad comercial y eso motivó que la Afip pidiera la intervención completa de la empresa postal. Hasta tanto acepte el cargo el interventor administrador designado, asumirá estas funciones la sindicatura actuante, la cual tendrá la exclusividad para operar en cuentas bancarias a nombre de la empresa. En ese sentido, y para garantizar la toma de funciones del síndico, el juez dispuso librar exhorto al Juzgado Nacional Comercial que corresponda, para requerir el auxilio de la fuerza pública. La decisión del juez se da a días del vencimiento en el que OCA debía pagar la deuda con la AFIP. Patricio Farcuh, titular de OCA, está actualmente procesado por el delito de retención indebida de tributos previsionales e impositivos, y embargado por unos 400 millones de pesos. La compañía tiene un total de 7.000 empleados y 6.300 estarían afiliados al sindicato de los Moyano.

Fuente: Cadena 3

 

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