El juez federal Carlos Arturo Ochoa ya terminó de indagar a 21 imputados sospechados de haber integrado una organización, dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, que tenía base en la ciudad de Río Cuarto.
La investigación se precipitó luego de que sicarios asesinaron a balazos al presunto narco Claudio Torres el 16 de enero. En la causa hay dos prófugos, y el próximo lunes vence el secreto de sumario. Por la complejidad del caso, no se descarta que sea prorrogado. En las últimas horas se presentó a declarar en el Juzgado Federal de Río Cuarto y quedó detenido Cristian Pereyra, sobre quien pesaba una orden de captura. Se trata de un exempleado administrativo de la Fuerza Aérea (trabajaba en el Área Material Río Cuarto) que en los últimos meses se habría mudado a Río Cuarto para ingresar en la Policía Metropolitana. Fuentes judiciales aclararon que Pereyra fue detenido por actividades particulares que no tendrían que ver con su rol en las dependencias estatales mencionadas. También ayer el juez Ochoa rechazó un pedido de excarcelación formulado por la defensa de Gustavo Oyarzábal, exjefe de Investigaciones de la Policía de Río Cuarto, sospechado de ser parte de la banda. Ochoa sí hizo lugar a tres pedidos de eximición de prisión formulado por los abogado defensores de los imputados Mario Battistini, Silvia Bin y Sueli Suárez.
El juez también concedió la excarcelación, bajo caución real de 250 mil y 400 mil pesos, respectivamente, a los imputados Luz Montoya y Mario Bruschini. En todos estos casos se ponderó que se trata de personas que no tienen antecedentes y no se considera que puedan entorpecer la investigación penal o eludir a la Justicia. En tanto, a otra de las mujeres detenidas, Tatiana Gallo, le concedieron la prisión domiciliaria porque tiene hijos pequeños. Uno por uno Los detenidos en la causa por narcolavado son 16 en total. Además hay cuatro imputados ahora en libertad, pero que siguen involucrados, y dos prófugos cuyas identidades la Justicia federal prefiere no revelar.
Además de Gallo, Pereyra y Oyarzábal, permanecen privados de su libertad los hermanos Andrés y Mariano Rivarola (ligados a la venta de pollos, presuntamente dueños de departamentos en el edificio Alma y cabañas en Alpa Corral), Gabriel Bossi (quien el día del crimen de Torres llegó junto a la víctima en un Audi, y también supo ser pareja de Lucía Vargas, condenada por el secuestro de Nicolás Sabena) y Jonathan Monserrat (novio de una hija del exjefe de la Policía Federal de Río Cuarto). En la lista también figuran Cristian Schiaroli (vendedor de autos, hijo de un exdirector del hospital provincial San Antonio de Padua), Marcelino Samuel Mansilla (dirigente de la Juventud Sindical del gremio de recolectores Surrbac) y Marcia Villar Benítez (de nacionalidad paraguaya). La nómina de detenidos se completa con Cristian Berti, Jonathan Becerra, Franco Soffli, María Luján López Bravo, Jorge Etcharren y Mariano Peyrano. Trascendidos dan cuenta de que, en los últimos días, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ejecutó nuevos allanamientos en Alpa Corral, donde ya se habían detectado cabañas que habrían pertenecido a Torres. Ahora se investiga si los Rivarola también tenían cabañas en la localidad serrana. El foco de la investigación está orientado en desentrañar el crecimiento patrimonial de los involucrados y la operatoria económica del lavado. Esto es hacia dónde habría ido el dinero que obtenían del narcotráfico.
Fuente: La Voz
