La justicia porteña evaluó este miércoles, en audiencia virtual, la situación en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires y del protocolo solicitado al gobierno porteño en respuesta al amparo presentado por los titulares de las comunas 4 y 8, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus.
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 24, Darío Reynoso, llevó adelante una audiencia virtual esta mañana en el marco de la causa
«Álvarez, Ignacio y Otros contra GCBA sobre Amparo – Otros», Expediente n.° 3429/2020-0, donde «solicitó información sobre el listado actualizado de barrios populares, ya que el último censo, corresponde al año 2016» y requirió que «se acredite el cumplimiento de la cautelar», informó el sitio iJudicial.
Reynoso ordenó al gobierno porteño el jueves pasado elaborar en cinco días un protocolo para la contención y prevención del coronavirus en los barrios populares y que provea a su habitantes de los suficientes elementos sanitarios, de higiene, limpieza y agua potable, en respuesta al amparo presentado por Álvarez y Miguel Eviner, titulares de las juntas comunales 4 y 8, que abarcan los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios, y Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano.
El magistrado también había ordenado a las autoridades porteñas que comuniquen dónde alojarán a todos los vecinos de esos barrios que necesiten ser aislados.
En la audiencia de hoy, Reynoso también advirtió que «el protocolo debe garantizar -por supuesto- la provisión de agua potable en los barrios populares, asegurarla porque es fundamental para poder garantizar la salud en un contexto de pandemia».
Y agregó: «no podemos perdernos en cuestiones procesales, dada la situación de urgencia, ya que nos llevaría a quitar la atención de lo importante», según iJudicial.
Asimismo, el juez subrayó que «la primera conclusión desde el punto de vista procesal, en referencia a lo solicitado por las Juntas de las Comunas 4 y 8, sobre las que me expedí, es que algunos piden que se extienda a la ciudad», sobre lo cual «anunció que lo resolverá antes del viernes próximo».
«Voy a constituir una mesa de trabajo de seguimiento del protocolo a fin de saber si existen falencias o inconsistencias. Para el análisis tendré en cuenta los lineamientos y recomendaciones de algunas ONGs y organizaciones sociales. Quería adelantar la manera en la que voy a trabajar. El objetivo tiene que estar destinado a que la ciudadanía obtenga derechos y garantías», completó el magistrado.
Siempre según iJudicial, los funcionarios del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires «intervinieron para afirmar que mientras trabajan en el protocolo definitivo que se presentará el viernes próximo, están cumpliendo con diversas medidas, tal como ordenó la cautelar».
Por el Ejecutivo local, participaron el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud del GCBA, Gabriel Batistella; integrantes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y, en representación de la Procuración General de la Ciudad, Claudio Fernandez Poli.
En el transcurso de la audiencia, también participaron Álvarez y Eviner; el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor; abogados de la Procuración General de la Nación; el titular de la Asesoría Tutelar ante el fuero N° 2, Damián Corti; representantes del Ministerio Público Fiscal porteño; e integrantes de organismos no gubernamentales.
Fuente: Telam
